Pueblo Karanki se declara en resistencia permanente contra el decreto del diésel

El pueblo kichwa Karanki, asentado principalmente en la provincia de Imbabura y miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), resolvió este sábado 18 de octubre declararse en resistencia continua hasta que “el Gobierno Nacional no derogue el decreto 126”, que eliminó el subsidio al diésel. La decisión fue tomada en una asamblea comunitaria y difundida a través de un video publicado por la Conaie.

Además, los dirigentes Karanki anunciaron que “trabajarán por el NO” en la consulta popular y referéndum convocados para el próximo 16 de noviembre. Esta postura se alinea con la de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), que también rechazó el proceso electoral, especialmente la propuesta de conformar una Asamblea Constituyente. Según la Confeniae, esta iniciativa “atenta contra los derechos conquistados” y desvía la atención de los problemas ambientales y sociales provocados por la explotación petrolera y minera en la región.

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Marlon Vargas, presidente de la Conaie, participó en la reunión de la Confeniae y acusó al Gobierno de intentar “fragmentar y desmantelar el movimiento indígena”. Vargas también exigió un aumento del salario básico de 470 a 650 dólares, en respuesta al alza de los combustibles. “Nuestra lucha no es solo para las nacionalidades, sino para todo el pueblo ecuatoriano”, afirmó.

Desde la eliminación del subsidio al diésel, Ecuador ha vivido 28 días de protestas convocadas principalmente por la Conaie, con bloqueos de vías en Imbabura, Pichincha, Loja y Carchi. Aunque el Gobierno anunció una tregua y el inicio de mesas de diálogo el pasado 15 de octubre, las comunidades indígenas rechazaron el acuerdo y ratificaron que “el paro sigue”.

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Las demandas del movimiento indígena se han ampliado, incluyendo la reducción del IVA al 12 % y la liberación de los detenidos durante las manifestaciones. La resistencia del pueblo Karanki y otras nacionalidades refleja el creciente malestar social frente a las políticas económicas del Ejecutivo, en un contexto de tensión que se mantiene latente en varias regiones del país.