Un mes sin saber si Fujimori será juzgado por las esterilizaciones forzadas

Lima, 18 oct (EFE).- El juez encargado de decidir si se abre un juicio al expresidente de Perú Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato (1990-2000) acumula más de un mes sin revelar su fallo, lo que recrudece la espera de las víctimas.

Por cuarta vez, el magistrado Rafael Martín suspendió este lunes la audiencia de la lectura de su resolución pese a que las organizaciones defensoras de las víctimas habían exhortado la pasada semana a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, a que no se dilatara más el anuncio de esta decisión judicial.

En total, el juez suma ya más de 15 horas de audiencia repartidas en cuatro sesiones sin que hasta ahora haya desvelado su fallo sobre este caso.

«Es preocupante que haya iniciado el 14 de septiembre con la lectura de la resolución y, a un mes, no se haya culminado con la misma», lamentaron las organizaciones defensoras de las víctimas en un comunicado conjunto.

Para estas asociaciones y colectivos, las reiteradas suspensiones de la audiencia «violentan y discriminan nuevamente a las víctimas sobrevivientes de esterilizaciones forzadas».

La reanudación de la audiencia ha sido programada para el próximo lunes 25 de octubre sin que se sepa si realmente será la sesión final o todavía habrá más esperas.

«¿Hasta cuándo van a tener que esperar las víctimas?», se preguntó este lunes la directora de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro.

En la última sesión, el juez afirmó que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos que el Estado debe garantizar, y sostuvo que el Gobierno debía haber actualizado sus protocolos después de que la Defensoría del Pueblo concluyese en sus informes que se vulneró el consentimiento libre de las pacientes.

Además de Fujimori, también están imputados en estos casos sus exministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga.

Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, donde se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

El programa se centró en la población en condición de pobreza para reducir su natalidad y, como consecuencia de ello, evitar el incremento de pobres en el país, según la tesis de la Fiscalía.

Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.

Por ahora hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.

Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde los hechos, hay víctimas que pueden haber fallecido sin denunciar y otras que pueden seguir vivas pero no se atreven a denunciar por vergüenza, miedo o desconocimiento, ya que la mayoría de las víctimas son mujeres pobres, andinas, rurales y quechuahablantes.

Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.

Fujimori, de 83 años, cumple actualmente una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.

También por el secuestro de un empresario y de un periodista, este último durante el «autogolpe» de Estado que dio en 1992 para clausurar el Parlamento y controlar la Fiscalía y la judicatura.

Además de por las esterilizaciones forzadas, la Justicia peruana también está pendiente de decidir si abre igualmente juicio a Fujimori por la matanza de Pativilca (1992), donde murieron otras seis personas a manos del grupo Colina. EFE