Internacional
México, en la encrucijada entre carteles poderosos y grupos delincuenciales chicos
Los dos principales carteles mexicanos estarían compuestos por unos 44.000 miembros, según la DEA, la agencia federal anti-drogas de Estados Unidos. ¿Se acerca ese dato a la realidad? Planteamos la pregunta a Andrés Sumano, profesor del COLEF, y Falko Ernst, investigador del International Crisis Group. Entrevistamos asimismo al reportero Aaron Araiza de Radio Sonora en Hermosillo, emisora asociada a RFI.
A nuestros invitados no les parece descabellado la cifra de 44.000 miembros de los carteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa dispersos en un centenar de países, como afirmó recientemente la DEA. Estos dos especialistas en el fenómeno del narcotráfico en México expresan sin embargo reservas sobre ese dato, según el cual el primero estaría compuesto por 19.000 miembros y el segundo, 26.000.
“La DEA es un actor político. Para justificar su existencia y conseguir más presupuesto tiene que vender la idea del gran problema del crimen organizado y del narcotráfico. Al mismo tiempo, es cierto que en México tenemos organizaciones criminales grandes, fuertes y bien organizadas”, afirma Andrés Sumano, profesor del Colegio Frontera Norte en Tijuana (COLEF). “Son organizaciones horizontales que funcionan en red y por eso sí es posible que se dispersen en un centenar de países y que involucren a 44.000 miembros. No es un grupo criminal que funciona como una corporación, una gran empresa vertical. Eso no”, apunta Sumano.
Falko Ernst, investigador del International Crisis Group, advierte que estimar el número de los miembros de los carteles de la droga mexicanos “no es una ciencia exacta”. También subraya “problemas de orden metodológico en las estimaciones de la DEA; se desconocen los criterios que utilizaron”. Ernst sostiene que el cartel Jalisco Nueva Generación “se conforma de satélites pequeños, pequeños grupos, actores semiautónomos, los cuales colaboran con las grandes marcas del narcotráfico, sin perder su autonomía”.
Dicho eso, el investigador del International Crisis Group considera que “las cifras sí se acercan a las realidades que vemos en México”.
Unos 200 grupos criminales activos
Según un informe de ese think tank independiente enfocado a la prevención de conflictos, en México hay unos dos centenares de grupos criminales activos. “La mayoría de ellos son medianos y pequeños”, afirma Ernst y agrega: “Lo que complica el conteo también es que esos grupos criminales operan a través de redes, instituciones y empresas legales. Esto complica las cosas. Por ejemplo, cómo decir que tal o cual funcionario que tiene comunicación con esos grupos criminales, o que tiene algún tipo de acuerdo con ellos, forma parte de ese universo”, subraya Falko Ernst.
En las redes sociales son corrientes las imágenes de auténticos ejércitos privados al servicio de carteles como el de Jalisco: individuos encapuchados y uniformados, en camionetas artilladas. ¿Corre riesgo la democracia mexicana por la presencia de estos grupos paramilitares o son hechos aislados, anecdóticos?
“Esto es un problema profundo que se está agravando. No existen estrategias contundentes para contener ese creciente poder territorial. En México en los últimos 20 años, hemos visto una fragmentación de los grandes grupos criminales, de los llamados cárteles, que han dado paso a muchos grupos chiquitos. Esto se explica por la presión del Estado, pero también porque se les dio la oportunidad de aumentar su poder frente al Estado. México es una democracia que sigue siendo bastante frágil. El resultado de esa falta de estrategias es que el poder territorial de muchos actores privados con fuerte poder local, llámense “narcos armados, caciques, grupos paramilitares, de autodefensa”, es cada vez más abrumador para las poblaciones civiles locales”, dice Ernst.
Por el momento, ningún grupo criminal armado en México puede competir en contra de la fuerza que tiene el ejército y la marina mexicanos. Pero según este especialista el problema es que “cada vez van aumentando su arsenal. También contratan especialistas en violencia, ex soldados de élite, que les enseñan cómo combatir mejor. También están invirtiendo cada vez más en nuevas tecnologías como minas terrestres y drones equipados con explosivos, lo cual es muy preocupante. Utilizan estas armas contra grupos de enemigos, pero también contra las fuerzas del Estado. Estamos ante un problema cada vez más profundo que se vuelve más difícil de encarar con el paso del tiempo. Se les está dando a esos grupos delincuenciales la libertad para crecer y tener una mayor presencia en los territorios”, agrega Ernst.
Otro aspecto preocupante es la creciente intervención en las elecciones. “El poder político de los grupos delincuenciales está aumentando a través de las elecciones. Esos actores invierten en candidaturas y en impunidad, en pactos con oficiales electos. Están invirtiendo parte del dinero que están ganando con el narcotráfico para esas actividades. También existe un gran mercado de la extorsión. Los narcos extraen rentas de economías que originalmente son legales, como la agricultura, el cultivo del aguacate y del limón, por ejemplo”.
Ese mercado de la extorsión es terreno de rivalidades, afirma por su parte Andrés Sumano. “Al lado de los principales carteles de la droga, hay una red de grupos criminales más chicos que operan en muchas partes del territorio. Los chicos le compran drogas y armas a los dos grandes grupos criminales. Al mismo tiempo, están en conflicto constante con ellos por las rutas de drogas de los Estados Unidos, así como por las rutas de narcomenudeo locales y el control territorial para buscar otras formas de extraer rentas a través de la extorsión y de la cooptación de gobiernos”, apunta.
Para Falko Ernst, el presidente Andrés Manuel López Obrador está mostrando señales de que su país “no quiere pagar los costos, en términos de violencia, de la guerra contra las drogas, que es un proyecto ante todo estadounidense que ha sido un fracaso durante 50 años”. Para este especialista, lo que se necesitaría es “reinventar el lenguaje político para afrontar esos problemas. Y eso implicaría, entre otras cosas, invertir estratégicamente en programas sociales y económicos. Inversiones destinadas a las regiones más afectadas por la violencia en México para darles a las poblaciones civiles alternativas y que éstas no tengan que participar en los grupos armados y en los mercados ilícitos.”
Por:Asbel López