Protestas en Bolivia, defensores de Evo presionan al gobierno actual

En el corazón de Bolivia, Cochabamba se ha convertido en el epicentro de un conflicto que opone a los defensores del ex-presidente Evo Morales contra comerciantes, productores y sectores productivos de la región. Desde hace once días, partidarios de Morales han implementado bloqueos de carreteras, una táctica que busca presionar al gobierno actual en medio de acusaciones de persecución política contra su líder. Sin embargo, esta medida ha catalizado una ola de protestas en contra, evidenciando una fractura social y política profunda en la sociedad boliviana.

El pasado jueves, la ciudad de Cochabamba fue testigo de una de las manifestaciones más significativas donde los comerciantes, cerrando sus mercados, marcharon hacia la plaza principal. Esta movilización no fue solo un clamor por la libertad de circulación, sino también una exigencia directa a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. La economía local, ya fragilizada, sufre diariamente con pérdidas que se estiman en millones de bolivianos, afectando desde los pequeños vendedores hasta las grandes empresas agropecuarias.

Los manifestantes, portando lemas como «Desbloqueo, desbloqueo» y «Basta de abusos», reflejan un cansancio generalizado con las tácticas de protesta que afectan su medio de vida. El clamor no es solo por la acción policial, sino también por un diálogo que parece ausente entre las partes en conflicto. La situación en Cochabamba subraya una crisis más amplia de gobernanza y representación, donde las necesidades y voces de la ciudadanía se enfrentan directamente con las estrategias políticas de grupos de poder.

La respuesta policial y gubernamental a estas protestas y bloqueos ha sido objeto de crítica. Mientras algunos sectores piden una intervención firme para restablecer el orden y la libre circulación, otros ven en la represión o inacción un sesgo político que solo profundiza el conflicto. Este escenario de confrontación pone de manifiesto la delicada balanza entre el derecho a la protesta y el mantenimiento del orden público, un dilema que Bolivia no ha logrado resolver efectivamente post los eventos de 2019.