Estado de Excepción en El Salvador se mantiene

El Salvador ha extendido una vez más su régimen de excepción, llegando a la trigésima segunda prórroga desde su instauración en marzo de 2022. Esta medida, que inicialmente se planteó como una estrategia temporal para combatir la violencia asociada a las pandillas, ha sido aprobada nuevamente por la Asamblea Legislativa con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

El régimen permite la suspensión de varias garantías constitucionales, facilitando a las fuerzas de seguridad del país tomar acciones que, según sus defensores, son necesarias para el «restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial». Entre los derechos suspendidos se encuentran la asistencia legal durante la detención, el derecho a ser informado de los motivos de la detención, y la inviolabilidad de las comunicaciones y la asociación.

A pesar de que el Presidente Nayib Bukele ha mencionado recientemente la posibilidad de eliminar esta medida en el futuro, no ha establecido una fecha definitiva para su cese. Durante una entrevista con la Revista Time, Bukele destacó la detención de más de 82 mil presuntos pandilleros como uno de los logros de su administración, sugiriendo que la seguridad podría mantenerse sin necesidad de continuar con el régimen de excepción.

Esta prórroga reciente se da en un contexto de paz relativa, con El Salvador reportando 11 días consecutivos sin homicidios desde octubre, un mes que marcó un récord con 27 días sin asesinatos vinculados a las pandillas. Según Ernesto Castro, presidente de la Asamblea y miembro del partido Nuevas Ideas, esta extensión del régimen de excepción representa libertad para los ciudadanos, permitiéndoles vivir con mayor seguridad.

El debate sobre el régimen de excepción en El Salvador muestra una dualidad entre la necesidad de seguridad frente a la violencia de las pandillas y las preocupaciones por las violaciones a los derechos humanos que esta medida puede implicar. Mientras algunos ven en esta medida una solución efectiva para la seguridad, otros critican la suspensión de derechos fundamentales y la falta de transparencia y debido proceso que conlleva.