Internacional
Fiscalía colombiana apunta a red criminal en atentado contra Miguel Uribe Turbay
La Fiscalía General de Colombia, liderada por Luz Adriana Camargo, informó que la investigación sobre el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio en el barrio Modelia, Bogotá, se centra en una red de crimen organizado. El ataque, perpetrado por un menor de 15 años detenido en el lugar, dejó al político en estado crítico tras recibir tres disparos, dos en la cabeza y uno en la pierna. La fiscal Camargo afirmó que el joven es solo el ejecutor material y que el objetivo principal es identificar a los autores intelectuales detrás del crimen.
El atentado ocurrió durante un acto de precampaña en Fontibón, cerca del aeropuerto El Dorado, mientras Uribe Turbay interactuaba con ciudadanos. La Fundación Santa Fe de Bogotá, donde el senador permanece en cuidados intensivos, reportó que su estado es de “máxima gravedad” con “escasa respuesta” a los tratamientos médicos, manteniendo un pronóstico reservado. La investigación, que involucra a 180 funcionarios de la Fiscalía, Policía Nacional y agencias de inteligencia, ha analizado más de 1.000 videos y realizado 23 entrevistas para reconstruir los hechos y rastrear la cadena de responsabilidad.
Un elemento clave es la pistola Glock 9 mm utilizada, adquirida en Arizona, Estados Unidos, en agosto de 2020. Las autoridades investigan cómo llegó a Colombia y si está vinculada a otros crímenes, mediante estudios balísticos. Además, la desaparición del celular del menor ha generado interrogantes. Aunque videos previos al ataque muestran al joven manipulando un dispositivo, este no fue hallado durante su captura, lo que llevó a la Fiscalía a rastrear su paradero para identificar posibles cómplices o determinadores del atentado.
La fiscal Camargo destacó que el caso se aborda con tres hipótesis principales: un ataque dirigido específicamente contra Uribe Turbay, un atentado motivado por su rol político y su partido, Centro Democrático, o un intento de desestabilizar al gobierno. La investigación también examina posibles fallas en el esquema de seguridad del senador, reducido extrañamente de siete a tres escoltas el día del ataque, según denunció el presidente Gustavo Petro. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que conduzca a los responsables.
