Internacional
Gobierno de Bolivia denuncia a Evo Morales por terrorismo y obstaculización electoral ante protestas
El Gobierno del presidente Luis Arce anunció el miércoles 4 de junio una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por siete delitos, incluyendo terrorismo y obstaculización de procesos electorales, en respuesta a los bloqueos de carreteras impulsados por sus seguidores para forzar su candidatura en las elecciones generales de agosto. El ministro de Justicia, César Siles, acompañado por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó en una conferencia en La Paz que las protestas buscan habilitar a Morales, quien está inhabilitado constitucionalmente para postularse, según un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2023.
Siles detalló que Morales será acusado de obstaculización de procesos electorales, un delito penado con dos a cinco años de cárcel conforme a la Ley del Régimen Electoral, por promover desórdenes que impidan el desarrollo de los comicios. Además, enfrenta cargos por terrorismo, instigación pública a delinquir, desobediencia a resoluciones judiciales, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, la libertad de trabajo y los servicios públicos. Las acusaciones se basan en los bloqueos de carreteras en el centro del país, particularmente en Cochabamba, que han afectado el transporte de bienes y combustibles durante tres días consecutivos.
Los ministros también denunciaron un audio difundido el miércoles, atribuido a un dirigente sindical afín a Morales, en el que supuestamente el expresidente califica el conflicto como “la batalla final” e instruye a sus seguidores cercar La Paz con más bloqueos. El Gobierno calificó estas acciones como un intento de desestabilización y aseguró que garantizará las elecciones del 17 de agosto con recursos suficientes y, de ser necesario, el uso de la fuerza pública para restablecer el orden. La rivalidad entre Arce y Morales, antiguos aliados del Movimiento al Socialismo (MAS), ha intensificado la crisis política y económica en Bolivia, con protestas que han generado enfrentamientos y pérdidas económicas millonarias.
La Fiscalía General ya investiga a Morales por otros casos, incluyendo acusaciones de abuso de una menor y tráfico de personas, por los que enfrenta una orden de arresto. Morales, desde su bastión en el Chapare, ha negado las acusaciones, afirmando que son parte de una persecución política para evitar su candidatura. Mientras tanto, el Gobierno de Arce, que retiró su propia candidatura en mayo, busca consolidar un candidato único del MAS para enfrentar a la oposición en los comicios, en medio de una economía golpeada por la escasez de dólares, combustible y alta inflación.
