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Cámara de EE. UU. critica a Gobierno Petro y recorta ayuda a Colombia para 2026

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos emitió un informe que alerta sobre un presunto “consumo de drogas entre altos miembros del Gobierno” de Gustavo Petro, además de expresar preocupación por el deterioro de la seguridad y la inestabilidad política en Colombia. El documento, revelado por el diario El Tiempo, señala como evidencia de un “ambiente político volátil” el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, y propone una reducción del 50% en la asistencia no militar para Colombia en el año fiscal 2026, pasando de 400 millones de dólares anuales a 209 millones.

El informe, elaborado por el Comité de Asignaciones, detalla que los 209 millones de dólares asignados para 2026 se distribuirán en 103 millones para la lucha contra el narcotráfico, 67 millones para programas de seguridad nacional y 38 millones para el financiamiento de las Fuerzas Armadas.

El texto critica que la administración Petro “no ha aprovechado eficazmente la asistencia de Estados Unidos” para avanzar en objetivos compartidos, como el combate al narcotráfico y el fortalecimiento de la seguridad. Además, el Comité solicita al secretario de Estado, Marco Rubio, que en un plazo de 90 días consulte al Congreso para diseñar estrategias orientadas a reducir el consumo de drogas en Colombia, aunque no menciona nombres específicos en relación con las acusaciones de consumo en el Gobierno.

El documento también destaca el resurgimiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que han recuperado territorios previamente controlados por el Estado, lo que ha contribuido al aumento de la violencia en varias regiones del país. El atentado contra Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras ser baleado en un mitin en Bogotá, es citado como un ejemplo alarmante de la inestabilidad política.

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Asimismo, el informe expresa inquietud por el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando presuntas irregularidades como violaciones al debido proceso, vigilancia no autorizada y conflictos de intereses, lo que consideran un deterioro del estado de derecho en Colombia.

La reducción presupuestaria y las críticas han generado tensiones en las relaciones bilaterales, especialmente tras una reciente crisis diplomática desencadenada por declaraciones de Petro en junio, cuando acusó a Rubio de organizar un supuesto golpe de Estado en su contra. El embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, rechazó las acusaciones de consumo de drogas, calificándolas de infundadas.

Mientras el informe espera ratificación en la plenaria del Congreso estadounidense, el Gobierno colombiano no ha emitido un pronunciamiento oficial, lo que podría avivar el debate sobre la cooperación con Estados Unidos y la percepción internacional de la administración Petro.

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