Internacional
Fiscalía peruana investiga a Dina Boluarte por presunto financiamiento ilícito en campaña de 2021
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Perú inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, relacionado con un aporte de S/150.000 (aproximadamente 36.000 euros) para la campaña de la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, cuando Boluarte era candidata a la vicepresidencia por Perú Libre. La indagación, ampliada mediante la Disposición N°22 del fiscal Ángel Astocondor, también incluye al empresario Eduvigis Beltrán Salinas.
Según el documento fiscal, al que tuvo acceso El Comercio, el 19 de mayo de 2021 se realizó una reunión en una casona de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, en Cercado de Lima, con la participación de Boluarte, su asistente de campaña Marcela Saldarriaga Ortiz (fallecida en agosto de 2023), Maritza del Carmen Sánchez Perales y Beltrán Salinas. En este encuentro, el empresario habría acordado entregar S/150.000 para financiar una “batucada” –un grupo musical que acompañaba las actividades proselitistas– en el tramo final de la campaña. La entrega del dinero, coordinada durante un almuerzo en el restaurante El Hornero, se habría realizado entre el 19 y 26 de mayo de 2021, directamente a Boluarte o a través de Saldarriaga, sin descartar la participación de otro intermediario.
Beltrán Salinas ha negado conocer personalmente a Boluarte o haberle entregado dinero, lo que llevó a la Fiscalía a considerar “inconducente” su declaración indagatoria. Sin embargo, el Ministerio Público programó la declaración de Boluarte para el 14 de octubre de 2025, junto con una indagación patrimonial sobre Beltrán para determinar el origen de los fondos, que podrían provenir de su patrimonio personal o de empresas vinculadas. Esta investigación se suma a una carpeta fiscal previa por lavado de activos, que también involucra al expresidente Pedro Castillo y al exasesor Henry Shimabukuro, relacionada con supuestas operaciones sospechosas para financiar la campaña de Perú Libre.
A diferencia de otras investigaciones contra Boluarte, este caso no requiere autorización del Congreso, ya que los hechos ocurrieron antes de que asumiera cargos públicos. La mandataria, quien enfrenta otras acusaciones por enriquecimiento ilícito, encubrimiento y las muertes en protestas de 2022-2023, afirmó en un comunicado en X que las investigaciones esclarecerán la verdad y exigió pruebas concretas de los señalamientos. La muerte de Saldarriaga, testigo clave, complica la pesquisa, mientras que las declaraciones de Sánchez y Shimabukuro han intensificado las sospechas sobre aportes no declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
