Internacional
Justicia Chilena Condena a Cúpula del Tren de Aragua a 300 Años de Cárcel por Crímenes en Chile
La justicia chilena impuso penas que suman 300 años de cárcel, incluyendo cinco cadenas perpetuas, a 12 miembros de la cúpula del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano, por delitos de homicidio, secuestro, asociación ilícita y tráfico de inmigrantes. La sentencia, dictada tras un juicio de tres meses en Tarapacá, es la segunda más significativa contra esta organización en Chile, según la fiscal regional Trinidad Steinert.
Entre los condenados, 11 son venezolanos y uno posee una cédula colombiana, aunque la Fiscalía sospecha que también es venezolano. Carlos González, alias “Estrella”, identificado como líder de la expansión del Tren de Aragua en Chile, recibió presidio perpetuo calificado, que implica un mínimo de 40 años antes de optar a libertad condicional. Hernán Landaeta, alias “Satanás”, considerado el principal sicario, junto a Zeus Velásquez, Juan Carlos Blanco y Daniel Azuaje, fueron sentenciados a cadenas perpetuas simples, con posibilidad de libertad condicional tras 20 años. Los demás recibieron penas de entre 2 y 22 años.
El juicio, calificado como “histórico” por la Fiscalía, incluyó más de 1,000 pruebas documentales, 224 testigos y 38 peritos, evidenciando la magnitud de las operaciones del Tren de Aragua, creado en 2014 en la cárcel de Tocorón, Venezuela. Esta organización, que se ha expandido a países como Colombia, Perú y Chile, fue designada en febrero de 2025 por el gobierno de Donald Trump como una organización terrorista global, y su cabecilla, Giovanny San Vicente, figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, con una recompensa de hasta 3 millones de dólares.
La sentencia se suma a otra emitida en marzo de 2025, cuando 34 miembros del Tren de Aragua fueron condenados a 560 años de cárcel en Chile. Steinert destacó que estas condenas desmantelan la estructura de la banda en el país y refuerzan la lucha contra el crimen organizado transnacional, que ha generado preocupación regional por su impacto en la seguridad pública y el tráfico de personas.
