Internacional
Refugiada ucraniana asesinada en tren de Charlotte; cuestionan liberación de sospechoso

Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años que escapó de la guerra en su país, fue apuñalada mortalmente el 22 de agosto en el tren Lynx Blue Line en Charlotte, Carolina del Norte, en un ataque no provocado perpetrado por Decarlos Brown Jr., de 34 años. El hecho, registrado por cámaras de vigilancia del Charlotte Area Transit System, ocurrió cerca de la estación East/West Boulevard, donde Brown apuñaló a Zarutska tres veces en el cuello, según un affidavit policial. La víctima, que usaba audífonos y su celular, falleció en el lugar.
Brown, con un historial criminal de 18 registros por delitos como robo con arma peligrosa, allanamiento, hurto grave y agresión desde 2011, había sido liberado en múltiples ocasiones, según críticas en redes sociales. En 2025, enfrentó cargos por mal uso del sistema 911, y su capacidad mental fue cuestionada en julio, con una evaluación forense pendiente. Tras el ataque, Brown fue arrestado al bajar del tren, recibió tratamiento médico por heridas no especificadas y enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Permanece bajo custodia sin fianza y fue expulsado de por vida del sistema de transporte.
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El caso ha desatado indignación en Charlotte, con cuestionamientos al sistema judicial por las reiteradas liberaciones de Brown, diagnosticado con esquizofrenia. La alcaldesa Vi Lyles calificó el suceso como una “pérdida trágica y sin sentido”, pidiendo no difundir el video del ataque por respeto a la familia de Zarutska. La joven, descrita como una artista y amante de los animales, buscaba un nuevo comienzo en EE.UU. desde 2022. Su familia recaudó más de 12,000 dólares mediante GoFundMe para costos funerarios.
El incidente reaviva el debate sobre la seguridad en el transporte público de Charlotte, donde se reportaron 1,200 incidentes violentos en 2024, según datos locales. Las autoridades de transporte y la policía anunciaron medidas como más cámaras y patrullajes. La comunidad exige reformas para evitar la liberación de reincidentes, mientras el caso de Zarutska pone en el centro la protección de los residentes y las políticas judiciales.
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