Opinión
Hablemos claro: la Corte Constitucional no es un ente divino, no es un oráculo intocable que flota por encima de los mortales
Ecuador sangra. Las calles, los barrios, las vidas de millones están atrapadas en una guerra no declarada contra el crimen organizado, contra las bandas que han convertido al país en un tablero de ajedrez donde ellos mueven las piezas y el pueblo paga con miedo, sangre y lágrimas.
En este contexto, la pregunta número 6 de la consulta popular propuesta por el Ejecutivo no es solo un planteamiento político: es un grito de urgencia, un cuestionamiento visceral a un sistema que parece proteger a los intocables mientras el país se desangra. La pregunta, que busca someter a los jueces constitucionales a un control político, como un juicio político, no es un capricho autoritario; es una reacción lógica y necesaria ante una Corte Constitucional que actúa con una impunidad que roza lo insultante.
Su última hazaña: suspender el artículo 6 de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una norma que permitía al Estado declarar un conflicto armado interno para enfrentar a las mafias que han secuestrado nuestra seguridad. ¿El resultado? Un golpe directo al corazón de la lucha contra el crimen, un guiño a las bandas y un portazo en la cara del pueblo ecuatoriano.
Hablemos claro: la Corte Constitucional no es un ente divino, no es un oráculo intocable que flota por encima de los mortales. Está formada por hombres y mujeres de carne y hueso, con intereses, agendas y, sí, con la capacidad de equivocarse o, peor aún, de actuar bajo influencias que el ciudadano común no alcanza a ver. Suspender el artículo 6 no fue un acto de justicia; fue una decisión que desarma al Estado en su lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Ese artículo era una herramienta para enfrentar a los verdaderos enemigos del pueblo: las bandas que siembran el terror, que extorsionan, que matan. Al suspenderlo, la Corte no solo frenó una estrategia clave, sino que envió un mensaje devastador: los criminales tienen más protección que las víctimas. ¿Quién sale beneficiado? No el comerciante que paga “vacuna” para no ser baleado, no la madre que teme por sus hijos en un barrio controlado por narcos, no el policía que arriesga su vida en operativos desarmado por tecnicismos legales.
Los beneficiados son los intocables, los que operan desde las sombras, los que saben que la Corte está ahí para salvarles el pellejo. La pregunta 6 no es un ataque a la independencia judicial, como algunos quieren pintarlo. Es un reclamo de rendición de cuentas. Porque, ¿quién controla a los jueces constitucionales? Nadie. Viven en una burbuja de inmunidad, donde sus decisiones, por más cuestionables que sean, no enfrentan consecuencias. No hay un mecanismo que los haga responder por actos que, como la suspensión del artículo 6, debilitan al país en un momento crítico.
La Corte actúa como si estuviera por encima del bien y del mal, pero sus fallos no son neutrales: tienen impacto directo en la vida de los ecuatorianos. Cuando suspenden una herramienta que permite al Estado declarar un conflicto armado interno, no están defendiendo la Constitución; están desprotegiendo a la nación. Y lo hacen con una arrogancia que solo puede explicarse por la certeza de que nadie les pedirá cuentas. La impunidad de la Corte no es nueva.
Hemos visto cómo, una y otra vez, sus decisiones parecen alinearse con intereses que no representan al pueblo. La suspensión del artículo 6 es solo el ejemplo más reciente, pero no el único. ¿Qué hay detrás de estas resoluciones? ¿Quién mueve los hilos? No lo sabemos, y esa es precisamente la tragedia. La opacidad de la Corte Constitucional es un caldo de cultivo para la desconfianza. Sin un mecanismo de control, como el juicio político que propone la pregunta 6, los jueces seguirán actuando como dioses intocables, mientras el país se hunde en la inseguridad. La independencia judicial es sagrada, sí, pero no puede ser una licencia para la arbitrariedad.
La justicia no puede ser un escudo para proteger a quienes, consciente o inconscientemente, terminan favoreciendo a las mafias. Apoyar la pregunta 6 no es ceder al populismo ni socavar la democracia. Es exigir que la Corte Constitucional deje de ser un reino sin ley, un espacio donde nueve personas deciden el destino de un país sin rendir cuentas a nadie. Es reclamar que los jueces, como cualquier servidor público, estén sujetos a escrutinio, a supervisión, a consecuencias.
Porque si la Corte puede suspender herramientas vitales para la “seguridad“ del pueblo y salir ilesa, entonces no es una Corte: es un poder absoluto disfrazado de justicia. Y en un país donde las bandas criminales actúan con descaro, donde la impunidad es la norma, permitir que los jueces constitucionales sigan intocables es firmar la rendición de Ecuador.
El pueblo ecuatoriano merece un sistema judicial que no solo sea independiente, sino también responsable. La pregunta 6 es un paso hacia eso. No es perfecta, no es la solución final, pero es un mensaje claro: nadie, ni siquiera los jueces constitucionales, está por encima del país. Que se controle a los jueces no es un atentado contra la democracia; es un acto de justicia para un pueblo que ya no puede soportar más impunidad.
