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Política

Gobierno Defiende la Importancia de la Ley Antipillos para Combatir el Crimen Organizado

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El Gobierno ecuatoriano ha manifestado su preocupación por la suspensión de la Ley Antipillos, una herramienta considerada esencial para cortar el financiamiento del crimen organizado. Esta ley, que ha sido objeto de controversia y de una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Asamblea Nacional, fue suspendida temporalmente por los jueces de la Corte Constitucional Karla Andrade, Jhoel Escudero y Daniela Salazar mientras se resuelve dicha demanda.

La Ley Antipillos, según el Gobierno, es crucial para frenar las actividades financieras ilegales que sustentan al crimen organizado. La decisión de los jueces se interpreta como una «peligrosa pausa» en la lucha contra este flagelo, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

Esta situación se originó, según el comunicado oficial, debido a una supuesta vulneración de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por parte de la Asamblea Nacional, que no habría seguido los procedimientos legales para su aprobación. El Gobierno asegura que tuvo que intervenir para corregir lo que considera un error en el proceso legislativo.

El Ejecutivo se ha comprometido a presentar ante la Corte Constitucional todos los argumentos necesarios para demostrar la legalidad y la importancia de la Ley Antipillos, apelando a la imparcialidad y al respeto por la independencia de las funciones del Estado. En este sentido, se hace un llamado a la Corte para que evalúe el caso considerando su impacto en la seguridad nacional y el bienestar de la población.

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El comunicado concluye con un fuerte mensaje sobre la necesidad de continuar la batalla contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, resaltando que «hoy enfrentamos una batalla decisiva» y que no se detendrán en esta lucha.