Política
Consejo de la Judicatura Investiga a 31 Funcionarios por Irregularidades y castiga a Mayra Salazar
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió el martes 18 de marzo iniciar una investigación contra 31 funcionarios y exfuncionarios por el archivo irregular de 202 expedientes disciplinarios en la provincia de Guayas, una acción que pone en evidencia posibles actos de corrupción dentro del sistema judicial ecuatoriano. En la misma sesión, el organismo dispuso la destitución definitiva de Mayra Salazar, exfuncionaria vinculada al Caso Metástasis, inhabilitándola de por vida para ocupar cargos en la Función Judicial.
La investigación sobre los 202 expedientes, aprobada en la sesión ordinaria No. 023-2025, abarca a 23 servidores que habrían sustanciado y resuelto estos casos entre 2020 y 2024, y a ocho exdirectores provinciales del CJ en Guayas durante ese período, algunos de ellos ya procesados en el Caso Purga. Según el CJ, estas personas habrían incurrido en faltas disciplinarias graves y leves, tipificadas en los artículos 107.17 y 108.6 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), relacionadas con el archivo indebido de expedientes sin seguir el debido proceso. El presidente del CJ, Mario Godoy, afirmó que esta medida busca “garantizar la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema judicial”, y advirtió que, de encontrarse más responsables durante las indagaciones, se abrirán nuevos procesos disciplinarios.
Por otro lado, la destitución de Mayra Salazar, exrelacionadora pública de la Corte Provincial de Guayas, refuerza las acciones del CJ contra funcionarios vinculados a redes criminales. Salazar, sentenciada a 15 meses de prisión por delincuencia organizada en el Caso Metástasis tras aceptar un procedimiento abreviado, cumplió su pena y salió en libertad el 14 de marzo de 2025. Sin embargo, su inhabilitación definitiva responde a un expediente administrativo pendiente en el CJ, derivado de su rol como operadora clave del narcotraficante Leandro Norero entre mayo y octubre de 2022, negociando sobornos con jueces para garantizar impunidad a la red delictiva, según la Fiscalía.
Godoy, en declaraciones tras la sesión, enfatizó que estas decisiones son parte de un esfuerzo sostenido por sanear la Función Judicial. “Estamos combatiendo posibles actos de corrupción y asegurando que quienes traicionan la confianza pública no vuelvan a pisar nuestras instituciones”, señaló, destacando que la intervención en la Dirección Provincial de Guayas permitió detectar las irregularidades en los expedientes. El Caso Metástasis, que involucró a 52 procesados –incluidos jueces, fiscales y policías–, y el Caso Purga, con 13 sentenciados por manipular fallos judiciales, han puesto bajo escrutinio la gestión judicial en esa provincia.
La investigación a los 31 funcionarios podría derivar en sanciones que van desde multas hasta destituciones, dependiendo de las pruebas recopiladas en las próximas semanas. Mientras tanto, la destitución de Salazar, quien también colaboró como testigo protegido en Metástasis, cierra un capítulo de su paso por el sistema judicial, aunque su testimonio sigue siendo clave para otros procesos en curso. Estas medidas del CJ, aplaudidas por sectores ciudadanos en redes sociales como un paso hacia la transparencia, reflejan la presión sobre el organismo para restaurar la confianza en un sistema golpeado por escándalos recientes.
