Política
Difieren audiencia de Vinculación de Aquiles Álvarez en Caso Triple A
Guayaquil, 6 de marzo de 2025 – El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitó este miércoles 5 de marzo el diferimiento de su audiencia de vinculación al caso Triple A, una investigación que lo señala junto a otras nueve personas por presunta comercialización ilegal de combustible, particularmente diésel subsidiado, a través de estaciones de servicio afiliadas a la empresa Copedesa, donde el funcionario es accionista. La petición, presentada ante el juez anticorrupción Jairo García, se fundamenta en el cambio repentino de su abogado defensor y un quebranto de salud de este último, lo que ha generado debate sobre las circunstancias que rodean el proceso.
La audiencia, originalmente programada para el 5 de marzo a las 10:00 en la Unidad Anticorrupción, se vio alterada por una serie de eventos en la defensa de Álvarez. El 3 de marzo, el alcalde decidió prescindir de sus abogados previos, Erick Mayorya y Henry Valencia, quienes lo habían representado desde octubre de 2024. Posteriormente, nombró a Emilio Santacruz como su nuevo defensor, pero este renunció horas después, aduciendo amenazas contra su integridad y la de su familia en un contexto de inseguridad nacional. “Lamento apartarme de esta causa, pero no puedo ignorar estas amenazas”, expresó Santacruz en un comunicado.
El 4 de marzo, Álvarez designó a Geovanny Vásquez Barros como su nuevo abogado, quien, a menos de 24 horas de la audiencia, presentó un cuadro clínico que lo imposibilitó para asistir. En una carta dirigida al juez García, el alcalde detalló que Vásquez sufrió un quebranto de salud durante la madrugada del 5 de marzo, acompañado de un certificado médico del especialista Ángel Eduardo Peralta Montiel, que prescribe ocho días de reposo hasta el 12 de marzo. Álvarez argumentó que su defensor no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente, que consta de más de 60 cuerpos, y solicitó reprogramar la diligencia.
El caso Triple A, liderado por la Fiscalía, investiga presuntas irregularidades en la comercialización de combustible subsidiado por parte de Copedesa, una empresa ligada a Álvarez y su familia. La pesquisa apunta a un posible desvío de diésel hacia sectores no autorizados, lo que habría generado millonarias pérdidas al Estado. La ausencia de Álvarez y su defensa en la audiencia programada ha avivado las especulaciones sobre posibles tácticas dilatorias, mientras el juez García aún no se pronuncia oficialmente sobre el pedido de diferimiento, aunque la convocatoria seguía activa hasta el cierre de esta nota.
En declaraciones previas, Álvarez ha calificado la investigación como una “persecución política” y ha advertido sobre supuestos intentos de enviarlo a la cárcel La Roca, junto a figuras como Jorge Glas y Byron Muentes. Mientras tanto, las autoridades judiciales evalúan los próximos pasos en un caso que mantiene en vilo a la opinión pública guayaquileña.