Política
Exconsejeros de la Liga Azul y Bonifaz Citados por Asociación Ilícita
Los cuatro exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) pertenecientes a la autodenominada Liga Azul –Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Vielka Párraga–, destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el 31 de enero, junto con la actual consejera Nicole Bonifaz, enfrentarán este sábado 15 de marzo una audiencia de formulación de cargos por presunta asociación ilícita. La cita, convocada por el fiscal subrogante Wilson Toainga ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), surge tras el análisis de sus teléfonos celulares, que habría revelado información comprometedora más allá de las acusaciones iniciales de arrogación de funciones e incumplimiento de órdenes legítimas.
La investigación, bautizada como «Caso Ligados», se originó en una denuncia presentada por Roberto Romero von Buchwald, actual Superintendente de Bancos, quien alegó que los exconsejeros y Bonifaz intentaron posicionar ilegalmente a Raúl González Carrión en ese cargo el 22 de enero, desconociendo su designación oficial del 4 de diciembre de 2024 por la Asamblea Nacional. Este acto, según Romero, violó una sentencia de la Corte Constitucional que ratificaba su nombramiento, lo que llevó a la Fiscalía a allanar las oficinas del Cpccs el 24 de enero y a incautar los dispositivos móviles de los involucrados.
El fiscal Toainga, quien asumió el caso tras la recusación de Mayra Soria por conflicto de intereses, ha señalado que el delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), podría implicar penas de tres a cinco años de prisión si se demuestra que los acusados se asociaron para cometer ilícitos. Posts en X y reportes periodísticos sugieren que el análisis forense de los celulares –realizado por la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional– habría destapado conversaciones y documentos que no solo respaldan las acusaciones iniciales, sino que también podrían desencadenar nuevos procesos penales por corrupción o tráfico de influencias, aunque las autoridades aún no han detallado públicamente el contenido.
La destitución de la Liga Azul por el TCE, con una multa de USD 31.500 y suspensión de derechos políticos por cuatro años, se basó en una infracción electoral grave durante las elecciones de 2023, al aceptar apoyo del correísmo, prohibido por el artículo 279 del Código de la Democracia. Bonifaz, aunque no fue sancionada por el TCE, se alineó con la mayoría correísta en la decisión sobre González, lo que la vinculó al caso penal. La audiencia del sábado, fijada para las 15:00 en la CNJ, será un punto crítico para determinar si la Fiscalía formaliza cargos y solicita medidas cautelares como prisión preventiva.
El caso ha generado revuelo político en Ecuador, con el Gobierno de Daniel Noboa calificándolo como un “acto de justicia” y sectores ciudadanos celebrando el debilitamiento de la influencia correísta en el Cpccs. Sin embargo, los acusados han rechazado las imputaciones: Verduga, en un post en X del 25 de enero, denunció un “montaje” para proteger a la banca privada, mientras Saltos pidió aclaraciones al TCE sin éxito. La información emergente de los celulares podría ampliar el escándalo, poniendo en jaque no solo a los exconsejeros, sino también a redes más amplias dentro del sistema político ecuatoriano.