Gobierno de Ecuador Presenta Proyecto de Ley para Reformar la Justicia y Frenar Dilaciones Procesales

El ministro del Gobierno, José de la Gasca, anunció este viernes la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para introducir reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, tiene como propósito prevenir y sancionar la mala fe procesal, así como reducir los retrasos en los procesos judiciales que afectan el sistema de justicia en el país.

Durante una rueda de prensa en la capital, De la Gasca explicó que las reformas buscan establecer mecanismos más estrictos para evitar que las partes involucradas en un proceso utilicen estrategias legales con el fin de prolongar innecesariamente los casos. “Esta es la ley Talón de Aquiles porque precisamente va a entrar a sancionar y a reprimir estas maniobras dilatorias”, afirmó el ministro, destacando que la propuesta apunta a fortalecer la eficiencia y la transparencia en el sistema judicial ecuatoriano.

El proyecto de ley surge en respuesta a las crecientes críticas sobre la lentitud de la justicia en Ecuador, donde casos de alto perfil, especialmente relacionados con corrupción y crimen organizado, han enfrentado demoras significativas. Según datos oficiales del Consejo de la Judicatura, en 2024 se registraron más de 15,000 expedientes pendientes en cortes de primera instancia, un problema que el Gobierno atribuye, en parte, a tácticas procesales abusivas.

Entre los cambios propuestos, aunque no detallados en su totalidad por el ministro, se incluirían sanciones específicas para abogados y litigantes que actúen de mala fe, así como ajustes en los plazos procesales para garantizar una resolución más rápida de los casos. La iniciativa también contempla medidas para fortalecer la capacidad de los jueces en la identificación y manejo de este tipo de conductas.

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La presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional está programada para los próximos días, tras lo cual iniciará su trámite legislativo. El anuncio se da en un contexto de alta atención pública hacia el desempeño del sistema judicial, especialmente en vísperas de la segunda vuelta electoral del 13 de abril, donde la seguridad y la justicia son temas centrales en el debate político.

Hasta el momento, ni el Consejo de la Judicatura ni los principales gremios de abogados han emitido pronunciamientos oficiales sobre la propuesta. Sin embargo, el tema ya comienza a generar expectativa entre sectores que abogan por una reforma judicial integral en Ecuador.