Política
Verónica Abad Rechaza Pruebas de la Fiscalía en el Caso de su Hijo Sebastián Barreiro
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, emitió este miércoles un pronunciamiento en el que rechazó contundentemente las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado en el caso conocido como “Nene”, donde su hijo, Francisco Sebastián Barreiro Abad, enfrenta un juicio por presunta oferta de tráfico de influencias. Desde Israel, donde cumple funciones como embajadora para la paz designada por el presidente Daniel Noboa, Abad cuestionó la validez de los elementos de convicción y acusó a la Fiscalía de intentar inducir a error a la opinión pública.
Abad afirmó que el caso se sustenta en la denuncia de una sola persona, Romel P., un exfuncionario de la Vicepresidencia que alega haber sido víctima de un esquema de cobro de “diezmos” a cambio de un cargo público. Según la vicepresidenta, un audio clave presentado por la Fiscalía como evidencia no ha sido sometido a un análisis pericial de voz para verificar su autenticidad, contradiciendo lo sostenido por el fiscal Leonardo Alarcón, quien en la audiencia de juicio instalada el 10 de marzo aseguró que el cotejo fue realizado por un perito del Consejo de la Judicatura. “No existe cotejo de voz. ¿Por qué quieren inducir al error a su audiencia?”, afirmó Abad en un mensaje difundido en redes sociales bajo el hashtag #LoJustoNoSeNegocia.
Además, la vicepresidenta criticó que, pese a que la Fiscalía convocó a más de 14 testigos durante los dos días de juicio en el Complejo Judicial Norte de Quito, “ninguno vinculó directamente” a su hijo con el delito imputado. Esto choca con la narrativa del fiscal Alarcón, quien en su alegato inicial destacó que las pruebas testimoniales, documentales y periciales –incluyendo transcripciones de conversaciones y el testimonio anticipado de Romel P. en una cámara de Gesell– demuestran que Barreiro, junto al exasesor Daniel Redrován (prófugo), habría solicitado USD 2.000 mensuales del sueldo de la presunta víctima a cambio de su contratación en la Vicepresidencia.
El caso, que inició con la detención de Barreiro el 21 de marzo de 2024 en Cuenca tras allanamientos en Quito y su ciudad natal, ha avanzado con tensiones políticas marcadas. Tras cumplir prisión preventiva en La Roca y salir en mayo bajo una fianza de USD 20.000, Barreiro enfrenta ahora un juicio que podría derivar en una pena de tres a cinco años según el artículo 286 del COIP. La Fiscalía sostiene que existen agravantes –como la participación de dos o más personas y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima–, mientras Abad insiste en que las acusaciones son parte de una persecución política contra ella y su familia por su distanciamiento con Noboa.
La audiencia, que se reinstaló el 11 de marzo y continuará el 9 de abril según reportes de medios como El Universo, ha presentado hasta ahora 20 elementos de convicción, incluyendo seis peritos y 14 testigos. Sin embargo, la defensa de Barreiro, liderada por Santiago Hernández, argumenta que las pruebas son insuficientes y que el audio carece de cadena de custodia sólida. Mientras tanto, la contradicción entre las afirmaciones de Abad y la Fiscalía sobre el análisis del audio y la fuerza de los testimonios mantiene el caso en un limbo de incertidumbre, con implicaciones que trascienden lo judicial y tocan las fibras de la polarizada política ecuatoriana.
