Política
Comisión de Desarrollo Económico votará informe de proyecto urgente de Noboa contra el crimen organizado este martes
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional votará este martes, 27 de mayo de 2025, el informe para el primer debate del proyecto económico urgente presentado por el presidente Daniel Noboa, orientado a desactivar las economías criminales en Ecuador. La iniciativa, que combina medidas económicas y penales para combatir el crimen organizado, será discutida por el Pleno de la Asamblea el viernes, 30 de mayo, a las 09:00, permitiendo a los asambleístas realizar aportes antes de su revisión final en la comisión.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), aseguró que el informe incorporará todas las observaciones respaldadas por los miembros de la mesa legislativa. “Nos comprometemos a que ese primer informe va a contener todas las observaciones que han sido ingresadas, siempre que tengan el apoyo de los miembros de la comisión,” afirmó Centeno. La legisladora destacó que el proyecto fomenta la solidaridad nacional para fortalecer a las fuerzas del orden, incluyendo una medida que permite a las empresas donar hasta el 30% de su Impuesto a la Renta para financiar equipamiento y tecnología policial.
Propuestas clave del proyecto El proyecto de Noboa busca desarticular las redes del crimen organizado mediante reformas económicas y penales. En el ámbito económico, propone que las empresas destinen parte de su Impuesto a la Renta a recursos para las fuerzas del orden, mejorando su capacidad operativa frente al narcotráfico y otras actividades ilícitas. En el ámbito penal, plantea un régimen diferenciado para delitos relacionados con la delincuencia organizada, distinta de la delincuencia común, según explicó el abogado constitucionalista Stalin Raza durante su comparecencia ante la comisión el 26 de mayo.
Raza defendió la urgencia del proyecto, afirmando que “no hay cosa más urgente que erradicar las economías criminales.” Respaldó la ejecución de allanamientos sin orden judicial en casos contemplados por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sugirió modular la propuesta de detenciones con fines investigativos sin orden judicial, limitándolas a solicitudes del Bloque de Seguridad. Sin embargo, cuestionó la creación de jueces especiales para el conflicto armado interno, proponiendo que los jueces anticorrupción existentes asuman estas funciones con garantías de seguridad.
Críticas y propuestas de ajuste El abogado penalista Felipe Rodríguez, también presente en la sesión, calificó como “fundamental” incluir en el COIP el delito de pertenencia a organizaciones delictivas, lo que facilitaría a los fiscales probar la participación en redes criminales. Propuso cambiar el término “detención” por “aprehensión” y mantener el plazo de 48 horas en lugar de reducirlo a 24, como se plantea. Sin embargo, expresó preocupación por la propuesta de prohibir medidas sustitutivas a la prisión preventiva para delitos relacionados con el conflicto armado interno, considerándola inconstitucional, ya que esta medida debe ser excepcional. Rodríguez defendió la necesidad de medidas excepcionales ante la inseguridad, pero instó a revisar las disposiciones para garantizar su constitucionalidad.
Contexto y próximos pasos El aumento del narcotráfico y el lavado de activos en Ecuador, que afecta la economía y la seguridad ciudadana, subraya la relevancia del proyecto. En 2024, el gobierno de Noboa implementó estados de excepción para combatir la violencia, y esta iniciativa busca consolidar esas acciones con reformas legales. Según el Banco Central del Ecuador, las economías criminales han generado un impacto significativo en la estabilidad financiera del país.
Tras la votación del informe este martes, el proyecto pasará al Pleno de la Asamblea para su primer debate el 30 de mayo. Los aportes de los asambleístas serán incorporados antes de que regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para su revisión final. Dado su carácter de urgencia, la Constitución exige que la Asamblea apruebe o rechace el proyecto dentro de 30 días, acelerando un proceso legislativo clave para abordar uno de los mayores desafíos del país.
