Política
Priscila Schettini pierde derechos políticos por violencia política contra Diana Salazar
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sanción contra Priscila Schettini, asambleísta electa por el movimiento Revolución Ciudadana (RC5), suspendiendo sus derechos políticos por tres años debido a actos de violencia política de género contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. La decisión, confirmada el 30 de abril de 2025, impide que Schettini asuma su curul en la Asamblea Nacional el 14 de mayo de 2025.
La denuncia, presentada por Salazar en septiembre de 2023, señaló a Schettini y a la abogada Angélica Porras por una campaña sistemática de desprestigio que incluyó insultos racistas y misóginos, como “inepta”, “corrupta” y “negra de m…”, además de acusaciones de plagio en su tesis. El juez Fernando Muñoz, en sentencia de primera instancia del 6 de junio de 2024, determinó que ambas incurrieron en violencia política de género, tipificada en el artículo 280 del Código de la Democracia, afectando la imagen personal y profesional de Salazar con el objetivo de forzar su renuncia.
Schettini fue sancionada con una multa de 22.500 dólares (50 salarios básicos) y la suspensión de sus derechos políticos por tres años, mientras que Porras recibió una multa de 13.500 dólares (30 salarios básicos) y dos años de suspensión. El TCE, tras resolver apelaciones y recusaciones, conformó un pleno con cinco jueces, incluyendo al conjuez Édison Toro, para ratificar la sentencia en segunda instancia. Además, se ordenó a ambas eliminar publicaciones en redes sociales con hashtags como “#LadyImpericia” y emitir disculpas públicas a Salazar y su hermana, Yasmín Salazar, en un plazo de 10 días. También deberán asistir a 40 horas de capacitación en sensibilización contra la violencia política de género en el Centro de Apoyo Integral Las Tres Manuelas.
La sanción se origina en el conflicto entre Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y Salazar, a quien acusó de forjar pruebas en el caso de abuso sexual que llevó a la condena de Carrión. Schettini y Porras, vinculadas al colectivo Acción Jurídica Popular, promovieron en 2023 una audiencia en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para interpelar a Salazar por supuesto plagio, acusación desmentida por la Universidad Central del Ecuador.
