Política
Asambleísta propone juzgar como adultos a menores en delitos graves ligados al crimen organizado
El asambleísta Andrés Castillo, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), anunció este martes la presentación de una iniciativa legislativa urgente ante el Pleno de la Asamblea Nacional para reformar el tratamiento penal de menores de edad vinculados a grupos delictivos organizados (GDO). La propuesta busca que adolescentes que cometan delitos graves, como homicidio, extorsión o narcotráfico, y estén asociados a mafias, sean juzgados y sancionados con los mismos criterios aplicados a adultos, según un comunicado difundido en su cuenta de X.
Castillo argumentó que los grupos criminales utilizan a menores para perpetrar actos delictivos debido a su actual condición de inimputabilidad, lo que constituye “una de las peores armas del crimen organizado”. La reforma pretende desincentivar el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de estas organizaciones, asegurando que enfrenten penas equivalentes a las de los mayores de edad. “No más impunidad”, enfatizó el legislador, quien insistió en la necesidad de frenar el uso de jóvenes como escudo delictivo en un contexto de creciente violencia en el país.
La iniciativa se enmarca en el debate sobre la seguridad y la justicia penal en Ecuador, tras la aprobación reciente de reformas legales impulsadas por el presidente Daniel Noboa, como la Ley de Solidaridad Nacional, que endurecen penas contra el crimen organizado. La propuesta de Castillo revive discusiones previas en la Asamblea, como las del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes (PIDAC), donde sectores oficialistas abogaron por sanciones más severas para menores, aunque enfrentaron críticas por posibles violaciones a tratados internacionales sobre derechos humanos de los menores.
La bancada de ADN, con 66 curules, convocó a una rueda de prensa a las 11:00 de este martes para detallar los alcances del proyecto, que aún debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y tramitado en un plazo de 30 días, dado su carácter urgente. Organizaciones de derechos humanos y expertos en niñez han expresado preocupación, advirtiendo que la medida podría contravenir la Convención sobre los Derechos del Niño. La Fiscalía y el Consejo de la Judicatura no se han pronunciado oficialmente sobre la propuesta.
