Política
Presidente de la Judicatura Solicita Protección Urgente para Jueza en Caso Blanqueo Fito

Mario Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, solicitó este lunes al Ministerio del Interior y a organismos de seguridad del Estado medidas de protección urgentes para una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, así como para el Complejo Judicial Norte, ubicado en el sector de Iñaquito, Quito. La petición responde a la conmoción generada por el “Caso Blanqueo Fito”, un proceso judicial que investiga presunto lavado de activos vinculado a seis familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros.
El operativo “Centinela 6”, ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional, resultó en la detención de familiares cercanos de Macías, incluyendo a su hermano Yandry Nicomedes Macías Villamar, su cuñado Jorge Alberto P. T., y los padres y hermano de su pareja sentimental, Verónica Briones Zambrano, quien ya cumple prisión preventiva. La investigación apunta a un esquema de lavado de USD 24 millones a través de cuatro empresas fachada en Manta, una de las cuales era proveedora del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Godoy, en un comunicado, destacó la necesidad de “proteger a quienes imparten justicia y asegurar que los procesos se desarrollen sin presiones ni interferencias externas”. La solicitud de protección incluye a la jueza encargada del caso, cuya identidad no fue revelada, y al Complejo Judicial Norte, donde se tramitan casos de alto perfil. El presidente de la Judicatura aseguró que estas medidas buscan anticiparse a posibles ataques contra la independencia judicial, en un contexto de creciente violencia ligada al crimen organizado.
La operación “Centinela 6” incautó 47 bienes valuados en USD 13 millones, incluyendo propiedades, vehículos de alta gama y equipos de comunicación. Las autoridades continúan investigando para identificar más conexiones de la red de Los Choneros, mientras la jueza enfrenta riesgos por su rol en el proceso. La ciudadanía y los sectores judiciales observan con atención las medidas de seguridad que se implementarán para garantizar la integridad de los involucrados y el desarrollo del caso.