Política
CIDH solicita medidas urgentes para Jorge Glas ante Corte Interamericana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la emisión de medidas provisionales a favor de Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, tras considerar que enfrenta una situación de “extrema gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable” a sus derechos a la vida, salud e integridad personal. Glas, quien cumple una sentencia por corrupción, fue trasladado nuevamente este martes al Centro de Privación de Libertad Guayas Nº 3, conocido como La Roca, en Guayaquil.
La CIDH, basándose en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pidió que el Estado ecuatoriano traslade a Glas de inmediato a un hospital para una evaluación médica integral. Además, solicitó su reubicación en un centro de detención distinto a La Roca, con condiciones adecuadas para su estado de salud física y mental, que según reportes ha mostrado un deterioro significativo. La Comisión también propuso reactivar una mesa técnica con médicos de confianza para resolver discrepancias médicas y garantizar el acceso oportuno a la información clínica del exfuncionario.
Esta solicitud se produce un día después de que Glas recibiera una nueva condena de 13 años de prisión por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, sumándose a anteriores sentencias por corrupción. La CIDH, que ya había otorgado medidas cautelares a favor de Glas en 2019 y las amplió en febrero de 2025, señaló que el Estado ecuatoriano no ha cumplido plenamente con las acciones requeridas para proteger sus derechos. La defensa de Glas ha denunciado condiciones de reclusión inhumanas y un riesgo inminente para su vida, agravado por un reciente motín en La Roca y el hallazgo de armas dentro del penal.
De aceptarse la solicitud por la Corte IDH, las medidas provisionales serán de cumplimiento obligatorio para Ecuador, obligando al Estado a adoptar acciones inmediatas para salvaguardar la vida e integridad de Glas. Este caso ha generado un amplio debate sobre las condiciones carcelarias y el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario ecuatoriano, mientras las autoridades nacionales enfrentan presiones para responder a las exigencias de organismos internacionales.
