Política
Ecuador busca reformar ley penitenciaria ante crisis en cárceles
La Asociación de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador, representada por Wilman Alarcón y Rebeca García, presentó propuestas para mejorar la Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria durante una sesión de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Los delegados destacaron la necesidad de un marco jurídico autónomo y moderno que garantice la protección de los servidores penitenciarios y fortalezca el control en los centros de privación de libertad frente a la delincuencia organizada.
Wilman Alarcón señaló que el sistema penitenciario enfrenta una crisis histórica, agravada por la presencia de grupos delictivos que han tomado control de las cárceles. Propuso una legislación que no sea un “parche operativo”, sino una herramienta integral que promueva la disciplina, el control interno y la seguridad del personal, con actuaciones respaldadas legalmente. Además, enfatizó que la rehabilitación social requiere personal capacitado y protegido por la ley para restablecer el orden en los centros penitenciarios.
Por su parte, Rebeca García alertó sobre el déficit del 68% de guardias penitenciarios para custodiar a las 36.000 personas privadas de la libertad en el país. Propuso mecanismos para incrementar el número de funcionarios operativos y cuestionó la falta de acción frente a la violencia en las cárceles, describiéndolas como “escuelas del crimen”. García también destacó la desventaja de los servidores penitenciarios, quienes enfrentan a reclusos armados con equipo menos letal, afirmando que “no podemos enfrentarlos solo armados de valor”.
La sesión concluyó con preguntas de los legisladores sobre protocolos para amotinamientos, provisión de insumos y armamento. Inés Alarcón, presidenta de la Comisión, solicitó convocar al director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y a delegados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para construir una normativa que priorice el bienestar de los servidores penitenciarios y respete los derechos humanos.
