Política
Inicia proceso de suspensión de derechos de Asambleísta Santiago Díaz
La Asamblea Nacional de Ecuador ha iniciado un proceso para suspender los derechos parlamentarios del asambleísta Santiago Díaz Asque, quien enfrenta prisión preventiva por su presunta implicación en un caso de violación a una menor de edad. La decisión se fundamenta en el artículo 112 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece la suspensión de los derechos parlamentarios, salvo la inmunidad y el fuero, durante el período de prisión preventiva, y la principalización provisional de la asambleísta suplente.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió este martes que, mientras dure la prisión preventiva ordenada por una jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia, Santiago Díaz quedará despojado de sus derechos legislativos, exceptuando aquellos protegidos por su inmunidad parlamentaria. En consecuencia, Annie Muñoz Aroca, suplente de Díaz, asumirá provisionalmente la curul, conforme a lo dispuesto en la normativa legislativa. La Fiscalía General del Estado ha iniciado una instrucción fiscal de 60 días, tras presentar 25 elementos de convicción en la audiencia de formulación de cargos.
El caso ha generado una fuerte conmoción en el ámbito político y social del país. Díaz, exmiembro de la Revolución Ciudadana, fue expulsado de dicha bancada tras la denuncia presentada el 7 de julio por el padre de la menor, quien lo acusó de violar a su hija de 12 años. El legislador, que se encontraba prófugo hasta su entrega voluntaria el lunes 21 de julio en Cumbayá, podría enfrentar una pena de 19 a 22 años de prisión si es hallado culpable, según el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Asamblea Nacional, a través del CAL, también ha rechazado previamente una solicitud de licencia sin sueldo presentada por Díaz, argumentando que no cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 12 y 114 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si Díaz se ausenta por más de 30 días sin justificación, podría ser considerado abandono del cargo, lo que permitiría la principalización definitiva de Muñoz Aroca. Este proceso refleja el compromiso del Legislativo por garantizar la transparencia y el respeto a las víctimas, mientras el caso sigue su curso en el sistema judicial.
