Política
Llaman a juicio a 22 procesados, incluido el alcalde de Guayaquil, en el Caso Triple A por comercialización ilegal de hidrocarburos
En el Complejo Judicial Norte de Quito, durante el décimo día de la audiencia preparatoria de juicio del Caso Triple A, el juez de la causa decidió llamar a juicio a 16 personas naturales y 6 personas jurídicas por su presunta participación en la comercialización ilegal de hidrocarburos. La resolución se tomó tras evaluar los argumentos presentados por las partes procesales, incluyendo las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado, que fundamentaron la acusación contra los 22 procesados.
Entre los vinculados destaca el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien enfrenta cargos junto con los demás procesados. La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para Álvarez, pero el juez desestimó esta medida, considerando que no era idónea. Sin embargo, ratificó la disposición inicial de que el alcalde debe portar un grillete electrónico, medida establecida desde la audiencia de formulación de cargos. Esta decisión refuerza las restricciones impuestas al funcionario mientras se desarrolla el proceso judicial.
El juez fundamentó su decisión de llamar a juicio a todos los procesados en la necesidad de que los argumentos de las defensas sean debatidos en la fase de juicio oral. Esta postura generó críticas por parte de algunos defensores, quienes cuestionaron el rol de los jueces de garantías penales en la evaluación previa de los elementos presentados. La Fiscalía, por su parte, destacó que las pruebas recopiladas son suficientes para sostener la acusación contra los implicados en este caso de alto perfil.
El Caso Triple A, que ha captado la atención pública por su magnitud y los nombres involucrados, continuará su curso en las próximas semanas con la etapa de juicio, donde se determinará la responsabilidad de los acusados. La ciudadanía y los sectores relacionados con la industria de hidrocarburos permanecen atentos al desarrollo de este proceso, que podría tener implicaciones significativas en el ámbito político y económico del país.
