Política
Se confirma suspensión de juez de Guayaquil por prevaricato
El Pleno del Consejo de la Judicatura de Ecuador resolvió este jueves, en sesión extraordinaria No. 066-2025, suspender por tres meses sin remuneración al juez Humberto Maximiliano Barzola Hidalgo (H.M.B.H.), de la Unidad Judicial Penal Norte No. 1 de Guayaquil, por presunta participación en actos de corrupción judicial.
La medida responde a la acusación de prevaricato, tras haber modificado al menos diez sentencias escritas, sin sustento legal, respecto a lo resuelto oralmente en audiencias, según informó el Consejo.
La suspensión
La suspensión se fundamenta en las faltas disciplinarias establecidas en los artículos 107 numeral 17 y 109 numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, que tipifican conductas como la solicitud de favores que comprometan la imparcialidad judicial y otras infracciones gravísimas. La decisión se tomó tras un operativo conjunto el 29 de julio, liderado por el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado, que resultó en la detención de Barzola en el Complejo Judicial Florida Norte. El juez enfrenta prisión preventiva en el centro de rehabilitación social No. 4 de Guayaquil, con una instrucción fiscal de 90 días.
Lea más: Consejo de la Judicatura destituye a cinco jueces por infracciones en Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay
El Consejo ordenó a la Dirección Provincial de Guayas continuar el sumario disciplinario, respetando los principios de independencia judicial y celeridad establecidos en el artículo 75 de la Constitución. La Fiscalía presentó como evidencia informes investigativos, documentos y cuatro computadoras incautadas en el despacho del juez, según reportes de El Universo y Ecuador Comunicación. Estas irregularidades, que incluyen la alteración de boletas de encarcelamiento y oficios de traslado, representan un atentado contra la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.
El presidente del Consejo, Mario Godoy, enfatizó que estas acciones reflejan el compromiso de combatir la corrupción judicial y garantizar una justicia transparente. En 2025, el Consejo ha destituido a 90 servidores judiciales, incluyendo 46 jueces, en su plan de depuración para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, en un contexto donde casos como “Metástasis” y “Purga” han expuesto vínculos entre jueces y redes delictivas.
