Política
Corte Constitucional concluye audiencia sobre Ley de Solidaridad Nacional sin resolución
La Corte Constitucional (CC) cerró el 25 de agosto una audiencia pública de más de seis horas para analizar cinco demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, impulsada por el presidente Daniel Noboa y publicada el 10 de junio de 2025. El juez ponente, Alí Lozada, elaborará un proyecto de sentencia en los próximos 20 días, tras escuchar a los demandantes y a los representantes de la Presidencia y la Asamblea Nacional, quienes defendieron la constitucionalidad de la norma.
Las demandas, presentadas por la Federación Nacional de Abogados, Inredh, Unidad Popular, la Alianza por los Derechos Humanos y el abogado Erick Gavilánez, cuestionan la falta de unidad de materia y el carácter económico urgente de la ley, que incluye reformas penales y la figura del conflicto armado interno. Los demandantes, como Nicole Rojas de Inredh, argumentan que solo dos de los 22 artículos tienen relación económica, mientras que otros, como el artículo 6, permiten al presidente declarar un conflicto armado sin autorización previa de la CC, lo que podría vulnerar derechos humanos.
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El abogado de la Asamblea, Édgar Lagla, y Felipe Pérez, de la Presidencia, pidieron desechar las demandas, destacando que la ley financia la lucha contra economías criminales, con un impacto económico de USD 2.500 millones en movimientos sospechosos en 2024, según la UAFE.
Puntos controvertidos incluyen el delito de “pertenencia” a grupos armados organizados (GAO), la prisión preventiva como regla general y el indulto diferido para uniformados, criticado por la Alianza por los Derechos Humanos como un incentivo a delitos. La CC suspendió provisionalmente cuatro artículos, incluido el 6, pero Lagla solicitó levantar esta medida tras la audiencia.
El juez Lozada presentará un borrador de sentencia en 20 días, seguido de 20 días adicionales para que el Pleno decida. La resolución determinará si la ley, que autoriza allanamientos sin orden judicial previa y compensaciones económicas, se ajusta a la Constitución. Este proceso, clave para la estrategia de seguridad de Noboa, refleja tensiones entre el combate al crimen organizado y la protección de derechos fundamentales, con 31 casos de desapariciones forzadas reportados en 2024, según Fernando Bastias del CDH.
¡Investigación en la Asamblea! Comité de Ética inicia proceso contra Nuria Butiñá por presunto cobro de diezmos. Denuncia de Mishel Mancheno. #AsambleaEc2025 #NuriaButiñá— Ecuador Comunicación 🛜 Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) August 26, 2025
