Política
Ecuador tramita ley para controlar flujos irregulares de capitales
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de Ecuador calificó por unanimidad, el 1 de agosto de 2025, la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, presentada como proyecto económico urgente por el presidente Daniel Noboa.
30 días para su debate
La iniciativa, que busca prevenir y detectar financiamientos irregulares en organizaciones y entidades sin fines de lucro, será analizada por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. La Asamblea Nacional dispone de 30 días para su debate, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La propuesta legislativa tiene como objetivo fortalecer la transparencia y legalidad en las operaciones de entidades radicadas en Ecuador, protegiendo los recursos del Estado.
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, destacó que la norma responde a la necesidad de evitar que estructuras legales sean utilizadas para fines indebidos. Este proyecto es el cuarto de carácter económico urgente enviado por el Ejecutivo en 2025, reflejando un esfuerzo por abordar desafíos financieros del país con celeridad.
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Además, el CAL aprobó el trámite de otros cuatro proyectos de ley relacionados con materia judicial, apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, extradición e identificación inmediata por delitos flagrantes. También se dio paso al enjuiciamiento político del consejero Gonzalo Albán, que será sustanciado por la Comisión de Fiscalización y Control Político tras verificar los requisitos legales. Estas decisiones refuerzan el compromiso del Legislativo con el procesamiento ágil de iniciativas clave.
En la misma sesión, el CAL reasignó proyectos sobre consulta ambiental y previa a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, y un proyecto de deportes electrónicos a la Comisión de Derecho a la Salud y al Deporte. Asimismo, se unificó una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas con otra iniciativa en trámite, para su análisis en la Comisión de Régimen Económico. Estas medidas buscan optimizar el tratamiento legislativo según la especialidad de cada comisión.
