Juicio Político a Jueces de la Corte compromete la independencia judicial

El constitucionalista y exjuez de la Corte Constitucional, Antonio Gagliardo, expresó su rechazo a las pancartas que muestran los rostros de los magistrados de la Corte Constitucional durante recientes marchas en Quito, lideradas por el presidente Daniel Noboa y sectores afines.

En una entrevista con Ecuador Comunicación, Gagliardo calificó estas acciones como “inapropiadas e irrespetuosas” para la majestad de los jueces, comparando las pancartas con carteles de “delincuentes más buscados”, lo que considera un ataque directo a la dignidad del organismo judicial.

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Las manifestaciones, que tuvieron lugar el 12 de agosto, surgieron en respuesta a la suspensión provisional por parte de la Corte Constitucional de 17 artículos de leyes promovidas por el Ejecutivo, enfocadas en combatir la delincuencia. Gagliardo señaló que, aunque se desconoce quién financió las pancartas, estas acciones buscan deslegitimar a los magistrados, generando un ambiente de confrontación. La tensión entre el Gobierno y la Corte ha escalado, especialmente tras el anuncio de Noboa de incluir en una consulta popular la posibilidad de someter a los jueces a juicios políticos, una medida que ha generado controversia.

Gagliardo advirtió que permitir juicios políticos a magistrados constitucionales por sus fallos violaría principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe sancionar a jueces por el contenido de sus decisiones judiciales. Gagliardo explicó que, de aprobarse esta reforma, solo podría realizarse mediante una enmienda constitucional o una Asamblea Constituyente, pero alertó sobre el riesgo de politizar la justicia. Según él, si los jueces enfrentan juicios políticos, los futuros magistrados podrían sentirse presionados a fallar a favor del Ejecutivo para evitar destituciones, comprometiendo la independencia judicial.

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La situación ha generado un intenso debate político y jurídico. Gagliardo llamó a respetar la autonomía de la Corte Constitucional, subrayando que esta actúa como garante de la Constitución y no debe estar sujeta a presiones políticas. Mientras tanto, la ciudadanía y la comunidad internacional observan con atención el desarrollo de este conflicto, que podría tener implicaciones en la estabilidad institucional del país, según expertos consultados por medios locales.

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