Política
Presidencia Retira Pedido de Diferimiento y Solicita Audiencia Presencial por Ley de Integridad Pública
El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, dio marcha atrás a su solicitud de aplazar la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional (CC) para el 18 de agosto, donde se discutirán 19 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública. En un nuevo escrito presentado este jueves, Andino pidió que la diligencia se mantenga en la fecha prevista, pero solicitó que se realice de forma presencial en lugar de virtual, argumentando la necesidad de garantizar el principio de inmediación procesal.
El cambio de postura se produce dos días después de que Andino solicitara postergar la audiencia, alegando que el Ejecutivo necesitaba más tiempo para preparar su defensa frente a las demandas acumuladas en el despacho del juez constitucional José Terán.
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Estas fueron interpuestas por la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemje), la Federación de Servidores Universitarios y Politécnicos, y colectivos ciudadanos, quienes cuestionan la norma aprobada por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) por posibles violaciones a derechos laborales y al principio de unidad de materia.
Andino destacó que los temas tratados en la audiencia son de “interés nacional” y requieren la máxima transparencia, justificando la solicitud de presencialidad para facilitar un debate directo y claro. La Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre esta nueva petición, pero la UNE mantiene su plan de movilizarse el lunes frente a la sede de la CC en Quito, a las 09:30, para exigir la inconstitucionalidad de la ley.
La Ley de Integridad Pública, que incluye reformas a 20 cuerpos normativos, busca combatir la corrupción y mejorar la eficiencia estatal, según el Ejecutivo, pero enfrenta críticas por su impacto en la estabilidad laboral y la autonomía institucional. La audiencia del 18 de agosto será clave para determinar el futuro de la norma, en un contexto de alta expectativa ciudadana y tensiones entre el Gobierno y sectores sociales.
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