Política
Fiscalía Inicia Investigación contra Dirigentes Indígenas y Sindicales de Cotopaxi por Instigación en Paro Nacional
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa contra varios dirigentes sociales, indígenas y sindicales de la provincia de Cotopaxi, por presunta instigación durante el paro nacional convocado en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida judicial se activa en medio de las tensiones generadas por las manifestaciones, que han incluido bloqueos de vías y paralizaciones en varias regiones del país. La provincia de Cotopaxi, epicentro de varias acciones de protesta, registra el mayor número de involucrados en este proceso inicial de recolección de pruebas.
Entre los investigados se encuentran Leónidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE); Rafael Negrete, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC); Mario Guilcamaigua, de la Frente Unitario de Organizaciones Sindicales (FUOS); Paúl Jácome, dirigente social; Luis Chillanagana, de la Unión Nacional de Educadores (UNE); y Víctor Hugo Tercero, de la Federación Cotopaxense de Organizaciones Sindicales (FECOS). Estos líderes han sido notificados de la indagación, que se centra en acciones que, según la Fiscalía, habrían promovido la paralización de servicios públicos y la alteración del orden público durante las jornadas de protesta.
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La Fiscalía no ha detallado los hechos específicos que sustentan la investigación, pero indicó que se recopilan pruebas como testimonios, videos y documentos relacionados con los eventos del paro. El proceso se enmarca en el Código Orgánico Integral Penal, que tipifica la instigación como delito cuando incentiva conductas que amenazan la seguridad colectiva. Hasta el momento, ninguno de los dirigentes ha sido llamado a declarar, aunque fuentes cercanas confirmaron que ya preparan su defensa legal con asesoría de abogados especializados en derechos humanos y protestas sociales.
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos rechazaron el proceso, calificándolo como una criminalización de la protesta social legítima. Por su parte, el Gobierno defiende la investigación, argumentando que se debe sancionar cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad y estabilidad nacional, especialmente en un contexto de bloqueos que afectan la distribución de bienes esenciales.
El paro nacional, iniciado tras la eliminación del subsidio al diésel, ha desatado un fuerte rechazo en comunidades campesinas, rurales y entre transportistas, con manifestaciones que se extienden desde el 22 de septiembre en varias provincias, incluyendo Cotopaxi como foco de resistencia.
Imágenes de la explosión del #cocheBomba en la #PenitenciaríaDelLitoral pic.twitter.com/jDiEbfDeo7— Ecuador Comunicación 🛜 Siempre Más Noticias (@ecuadorprensaec) September 27, 2025
