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Política

Jorge Yunda y 13 procesados enfrentan sentencia por peculado el 22 de septiembre

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El Tribunal Penal de Pichincha convocó para el 22 de septiembre de 2025, a las 09:00, la audiencia de lectura de sentencia oral en el caso de presunto peculado por la compra irregular de 100,000 pruebas PCR durante la pandemia de COVID-19. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros 13 procesados, incluidos exfuncionarios y representantes de la empresa Salumed S.A., comparecerán tras 469 días de suspensión, luego de que el juez ponente, José Jiménez, retomara funciones tras una sanción del Consejo de la Judicatura.

La Fiscalía de Pichincha acusa a Yunda como autor mediato del delito de peculado por un contrato de USD 4.2 millones firmado en abril de 2020 con Salumed S.A. para adquirir pruebas PCR. Según la investigación, se entregaron pruebas RT-LAMP de menor sensibilidad, causando un perjuicio de USD 2.2 millones al Municipio de Quito. Entre los procesados están Ximena Abarca (exsecretaria de Salud), Linda Guamán (excoordinadora técnica), y Juan Vinelli (gerente de Salumed), señalados como autores directos o coautores. La Contraloría confirmó irregularidades, incluyendo la terminación del contrato por mutuo acuerdo pese a la entrega de solo 88,500 kits.

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Si Yunda es declarado culpable, enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión, conforme al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La defensa de Yunda, liderada por Marcelo Icaza, sostiene que las pruebas cumplieron especificaciones de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y salvaron vidas.

Sin embargo, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador denunció que los retrasos, que suman 16 meses desde abril de 2024, vulneran el derecho a un juicio oportuno, afectando especialmente a procesadas como Guamán, quien perdió oportunidades académicas por medidas cautelares.

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El proceso, que se reinició en febrero de 2024 tras una nulidad declarada en 2023, ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo recusaciones contra jueces y suspensiones. La audiencia del 22 de septiembre será clave para determinar si se logra justicia en un caso que ha generado indignación por las demoras y la magnitud de las acusaciones de corrupción en plena pandemia.