Política
Noboa centraliza reestructuración de ministerios en Ecuador
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 115 el 5 de septiembre, ordenando que los ministerios de Economía y Finanzas y del Trabajo lideren la reestructuración de los ministerios de Estado, definiendo las estructuras institucionales, posicionales y salariales de los servidores públicos. Esta medida centraliza el proceso de reforma, que incluye la aprobación de nuevos estatutos derivados de la fusión de instituciones, eliminando la autonomía previa de los ministerios para gestionar sus propias reorganizaciones.
El decreto suprime normas anteriores, como un inciso de julio de 2016 que permitía un solo viceministro en instituciones con menos de 1,000 funcionarios, eliminando los cargos excedentes de viceministros. También reforma el Decreto Ejecutivo 195 de 2009, suscrito durante el gobierno de Rafael Correa, que autorizaba múltiples viceministerios con aprobación presidencial. Ahora, esta autorización no será necesaria, simplificando la estructura administrativa.
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La fusión de 15 instituciones, iniciada hace dos meses, ha implicado el despido de más de 5,000 funcionarios, con un ahorro proyectado de 22,7 millones de dólares para 2025.Paralelamente, Noboa impulsa un modelo de desconcentración territorial mediante un decreto del 4 de agosto, que ordena a la Secretaría General de Administración Pública establecer direcciones provinciales como norma general, con posibles direcciones zonales o distritales según la demanda de servicios. Este plan, que no impactará el Presupuesto General del Estado salvo dictamen del Ministerio de Economía, debe implementarse en 180 días. El gobierno destaca que estas medidas buscan eficiencia administrativa y modernización del Estado.
La reestructuración ha generado críticas por los despidos masivos y su impacto en la operatividad de las instituciones. En 2024, Ecuador enfrentó un déficit fiscal del 4,8% del PIB, según el Banco Central, lo que respalda la necesidad de reducir el gasto público. Sin embargo, sectores sociales exigen mayor claridad sobre el destino de los ahorros y el futuro laboral de los afectados. La Secretaría de Administración Pública supervisará la transición, mientras Noboa defiende estas reformas como esenciales para un Estado más eficiente.
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