Política
Noboa elimina subsidio al diésel en cadena nacional: recursos se redirigirán a programas sociales
El Gobierno de Ecuador anunció este viernes en cadena nacional la eliminación del subsidio al diésel, una medida que implica un gasto anual de 1.100 millones de dólares y que, según las autoridades, se destinaba en gran parte a contrabando y minería ilegal. El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo N.º 126, que eleva el precio del diésel para el sector automotor de 1,80 dólares por galón a 2,80 dólares por galón, con vigencia desde las 00:00 del 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre de 2025.
La ministra de Finanzas, Sarahí Moya, detalló que este subsidio, vigente desde 1974, representaba una carga fiscal significativa para el Estado, con un costo proyectado de 1.194 millones de dólares en la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2025. La decisión busca optimizar el uso de recursos públicos y evitar que financien actividades ilícitas que han impactado la economía nacional durante años, como se evidenció en auditorías previas que detectaron desvíos en sectores como el transporte y la minería.
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El ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, precisó que los fondos liberados se redirigirán a un «escudo social» con tres componentes principales: la ampliación del Bono de Desarrollo Humano para 55.000 familias adicionales, la devolución directa del IVA a adultos mayores y el Bono Raíces, que entregará 1.000 dólares a 100.000 pequeños productores del campo y el mar a partir del 15 de septiembre. Además, se destinarán 220 millones de dólares en compensaciones mensuales de entre 400 y 1.000 dólares a 23.300 choferes de transporte público para evitar alzas en el pasaje.
Esta eliminación se enmarca en un proceso gradual de ajuste de subsidios iniciado por el Gobierno en 2024, con medidas previas como la reducción en gasolinas de bajo octanaje y el retiro del beneficio al sector atunero en junio de 2025. Las autoridades enfatizaron que el cambio no afectará a la población vulnerable y que se monitoreará su impacto en la inflación y la movilidad, con un ahorro estimado que beneficiará directamente a programas de equidad social.
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