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Prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, Llama al Diálogo Nacional Tras Traslado de Presidencia a Latacunga

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La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, se pronunció este lunes sobre el Decreto Ejecutivo 127, que traslada temporalmente la sede de la Presidencia de Ecuador a Latacunga. En su intervención, rechazó la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio del galón a 2,80 dólares, argumentando que afecta a los sectores más vulnerables. Tibán instó al Ejecutivo a establecer un diálogo efectivo que incluya a todos los sectores sociales, no solo a los transportistas, para abordar las necesidades de la provincia y del país.

La autoridad provincial hizo un recuento de las carencias de Cotopaxi en vialidad, transporte, educación y salud, enfatizando que el traslado presidencial no debe ser solo simbólico. “Espero que la llegada de Carondelet a Latacunga no sea coyuntural”, declaró, demandando cambios estructurales y permanentes en la región. Tibán propuso que Cotopaxi sea considerada una sede permanente del Gobierno para priorizar el desarrollo de la zona centro, una de las regiones clave en el triunfo electoral del presidente Daniel Noboa.

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Tibán criticó que el ajuste económico, que redirige 1.100 millones de dólares anuales del subsidio a programas sociales, no ha considerado suficientemente a los sectores más pobres. Aunque el Gobierno ha implementado incentivos de 450 a 1.000 dólares mensuales para 23.000 transportistas, la prefecta insistió en la necesidad de un diálogo más amplio que atienda las demandas de agricultores, comunidades indígenas y otros grupos. Las mesas de trabajo en provincias como Machala y Pichincha han evitado paralizaciones, pero Cotopaxi busca soluciones integrales.

El traslado de la Presidencia a Latacunga, acompañado de refuerzos de seguridad policial y militar, busca fortalecer la gobernabilidad en medio de tensiones por el alza del diésel, que ha generado bloqueos en Alóag y Nobol. Tibán subrayó que el Ejecutivo debe responder a la pobreza regional con acciones concretas, mientras las autoridades provinciales y nacionales monitorean la situación para garantizar la estabilidad y avanzar en las negociaciones con los sectores afectados.

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