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Política

Asamblea Aprueba Reforma a Ley de Movilidad Humana con 88 Votos: Fortalece Control Migratorio y Expulsión Acelerada

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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 88 votos a favor la reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, diseñada para reforzar el control migratorio y agilizar los procesos de entrada y salida de extranjeros en Ecuador. La normativa introduce medidas clave como la exigencia de antecedentes penales para otorgar visados, la expulsión acelerada de personas que representen un riesgo para la seguridad nacional y disposiciones para ordenar la migración sin vulnerar derechos humanos. La reforma, que responde a crecientes desafíos migratorios en la región, busca equilibrar seguridad y movilidad responsable.

La aprobación se dio tras un debate que destacó la necesidad de modernizar el marco migratorio frente al aumento de flujos de extranjeros, especialmente en fronteras como la de Rumichaca con Colombia. La exigencia de antecedentes penales para visados apunta a filtrar ingresos de alto riesgo, mientras que el mecanismo de expulsión acelerada, regulado bajo estrictos protocolos, permitirá deportaciones rápidas en casos de amenaza verificada. La ley también incluye salvaguardas para garantizar que los procesos respeten los derechos fundamentales, alineándose con tratados internacionales suscritos por Ecuador.

Impacto y Contexto Regional

La reforma llega en un momento de alta presión migratoria, con más de 500.000 extranjeros registrados en Ecuador en 2025, según datos del Ministerio de Gobierno. La normativa fortalece la coordinación entre instituciones como la Cancillería, Policía Nacional y el Ministerio del Interior para implementar controles más efectivos en puntos de ingreso y zonas urbanas. Asambleístas destacaron que la ley no solo protege la seguridad nacional, sino que también facilita la integración ordenada de migrantes que cumplen requisitos legales.

Críticos de la reforma, principalmente de bancadas opositoras, expresaron preocupación por posibles excesos en las expulsiones, aunque el texto final incorporó enmiendas para garantizar debido proceso. El Ejecutivo, que impulsó el proyecto, celebró la aprobación como un paso hacia un sistema migratorio robusto. La ley entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial, con un plazo de 90 días para reglamentación. Organismos internacionales como ACNUR monitorearán su implementación para asegurar el respeto a los derechos de migrantes.

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