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Asamblea recibe proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Educación Sexual Integral

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Las asambleístas Liliana Durán y Cecilia Baltazar ingresaron en Gestión Documental el proyecto de Ley Orgánica de Acceso a la Educación Sexual Integral, iniciativa que busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir información científica, laica y no discriminatoria sobre sexualidad, en concordancia con los principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos.

La propuesta establece un marco normativo para regular la educación sexual integral en los sistemas educativo formal y no formal, con enfoque preventivo, de igualdad y derechos humanos. El texto contempla 47 artículos, 7 disposiciones generales, 9 transitorias, 2 reformatorias y una disposición final, sin implicar incremento del gasto fiscal.

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Entre sus ejes principales se incluyen:

  • Obligaciones estatales, como la emisión de lineamientos técnicos, actualización curricular y articulación entre educación, salud y protección integral.
  • Principios rectores, que abarcan igualdad, diversidad, laicidad, participación, autonomía progresiva y corresponsabilidad entre Estado, familias y comunidad educativa.
  • Sujetos protegidos, que comprenden a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, población en movilidad humana y comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

Las instituciones obligadas a su aplicación serán el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, el Ministerio de Salud Pública, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las instituciones educativas y de educación superior, los medios de comunicación y las entidades del Sistema de Protección Integral.

Durante la presentación, Durán subrayó que la información debe provenir de las aulas y no de fuentes distorsionadas, para que la niñez y adolescencia “cuenten con herramientas que les permitan vivir libres de violencia”. Baltazar, por su parte, resaltó que la propuesta “nace de las voces del territorio y del acompañamiento de redes de mujeres de diversas provincias”, y constituye un esfuerzo colectivo que requiere del compromiso político de todas las bancadas para convertirse en una herramienta real de protección.

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