Observaciones técnicas del Ministerio de Infraestructura al proyecto de reforma de la Ley de Transporte

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa recibió a delegados del Ministerio de Infraestructura y Transporte, quienes presentaron sus criterios técnicos sobre el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, previo a la elaboración del informe para segundo debate. Durante la sesión, los representantes del Ministerio expusieron los tres pilares fundamentales de su propuesta, los cuales buscan modernizar y fortalecer el sistema de transporte terrestre en el país.

El primer pilar de la propuesta ministerial se centra en la normalización de actividades que actualmente operan sin un marco legal claro. Estas incluyen los servicios de delivery, el transporte comunitario en zonas rurales y las empresas de alquiler de vehículos (renta cars).

El subsecretario Geovanny Moreano destacó que estas modalidades deben ser reconocidas y reguladas adecuadamente para garantizar la seguridad, la equidad y una competencia ordenada con el transporte formal. De esta manera, se busca regular actividades que han crecido significativamente y que requieren un marco normativo para operar de forma segura y eficiente.

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En cuanto al segundo pilar, el enfoque de sostenibilidad se destaca por la apertura del sistema de transporte a nuevas tecnologías. Se propone impulsar el uso de vehículos eléctricos y soluciones limpias y eficientes, con el fin de reducir la huella de carbono y promover un transporte más amigable con el medio ambiente. Además, se enfatiza la necesidad de establecer procesos de homologación y estándares de seguridad como requisitos indispensables para la incorporación de nuevas tecnologías en el sector del transporte.

El tercer pilar de la propuesta se refiere a la seguridad vial. Los delegados del Ministerio expusieron que los siniestros de tránsito en Ecuador generan un costo económico y social superior a los 208 millones de dólares anuales. Para abordar esta problemática, se subrayó la importancia de implementar una política nacional de seguridad vial, que esté articulada entre el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), el sector privado y los transportistas. El objetivo es reducir las muertes y accidentes de tránsito de manera sostenida y efectiva, a través de medidas coordinadas que involucren a todos los actores clave.

Además de estos tres pilares, el especialista Pablo Varela presentó observaciones técnicas adicionales que el Ministerio ha remitido a la Comisión. Entre los puntos más sensibles, destacó el destino de los recursos provenientes de multas, infracciones y sanciones, proponiendo que estos fondos sean orientados prioritariamente hacia la seguridad vial. Asimismo, señaló la necesidad de coherencia normativa para fortalecer el sistema de transporte formal y garantizar su adecuado funcionamiento.

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Finalmente, el Ministerio reafirmó que su objetivo principal es reducir los índices de siniestralidad, accidentabilidad, mortalidad y morbilidad en el país. Para ello, insistieron en que el sustento técnico y la decisión política deben avanzar de manera articulada, consolidando reformas legales que fortalezcan la seguridad, la sostenibilidad y la transparencia en el transporte ecuatoriano. La propuesta busca no solo mejorar la infraestructura y los servicios de transporte, sino también garantizar un futuro más seguro y eficiente para todos los usuarios de las vías.