Política
Plantean límites a reparaciones económicas en acciones de protección dentro de reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales
La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional recibió las observaciones de los constitucionalistas Mirelli Icaza Mackliff e Iván Pineda Cando al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, iniciativa que busca “rescatar la justicia constitucional”.
Icaza Mackliff analizó la propuesta que establece un plazo de seis meses para presentar demandas de acción de protección, salvo excepciones. Recordó que los principios constitucionales garantizan la exigibilidad permanente de los derechos y sugirió que, en lugar de fijar un tiempo, se definan límites para las reparaciones económicas.
La experta también advirtió sobre el riesgo de confundir procedencia y admisibilidad, lo que podría derivar en la inadmisión de demandas que sí resulten procedentes. En este sentido, recomendó precisar causales de inadmisión. Asimismo, pidió observar la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la competencia para plantear demandas, considerando la condición de las personas afectadas.
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Entre los puntos destacados de la propuesta mencionó:
- Reglas claras para la modulación de sentencias.
- Criterios de selección y revisión de fallos.
- Competencia expresa de jueces de garantías penitenciarias para conocer el hábeas corpus.
- Aceptación tácita de la objeción presidencial por inconstitucionalidad si la Corte Constitucional no se pronuncia en el plazo previsto.
- Establecimiento de causales de inadmisión en la consulta de norma.
Por su parte, Iván Pineda Cando calificó el proyecto como un aporte significativo, al señalar que actualmente no existen límites claros en las garantías constitucionales. Consideró adecuada la propuesta de fijar un plazo de seis meses para presentar demandas de acción de protección, pues hoy existen casos que se interponen incluso años después de la presunta vulneración de derechos.
Ambos expertos coincidieron en que las reformas buscan dotar de mayor seguridad jurídica y eficacia al sistema de justicia constitucional, equilibrando la protección de derechos con reglas claras para su ejercicio.
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