Política
Reforma integral contra la violencia: propuesta de María Paula Villacreses
La asambleísta María Paula Villacreses presentó el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de actualizar la normativa vigente desde 2018 y responder a las nuevas formas de violencia que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador.
La propuesta busca no solo sancionar a los agresores, sino también transformar las condiciones estructurales que perpetúan la violencia, garantizar una reparación justa y efectiva para las víctimas y avanzar hacia un país en el que las mujeres vivan libres de violencia, con dignidad e igualdad.
Entre las nuevas formas de violencia que incluye el proyecto se encuentran la violencia digital, obstétrica y ginecológica, institucional, simbólica y política. Además, incorpora un capítulo interseccional que reconoce la situación de mujeres indígenas, afroecuatorianas, rurales, migrantes, con discapacidad y de la diversidad sexo-genérica, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación y requieren protección reforzada.
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Los datos que evidencian la urgencia de la reforma muestran que 7 de cada 10 mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia y que cada 72 horas una mujer es víctima de femicidio.
Los ejes centrales de la reforma incluyen la actualización de definiciones y tipos de violencia conforme a estándares internacionales; el reconocimiento de la interseccionalidad como principio rector en políticas públicas y justicia; la ampliación de derechos con protección reforzada, derecho a la memoria y participación vinculante de organizaciones sociales; el fortalecimiento institucional mediante auditoría y control de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos; y la reparación integral y transformadora, que contempla restitución de derechos, compensación económica, rehabilitación médica y psicológica, actos de memoria histórica y garantías de no repetición.
La reforma penal propone la incorporación de nuevos tipos penales en el COIP para sancionar violencia política de género, simbólica, ginecológica, obstétrica y digital, con agravantes en casos de mayor vulnerabilidad.
En cuanto al enfoque internacional, la iniciativa se ajusta a los estándares de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OMS y la Corte Constitucional, fortaleciendo los mecanismos de prevención, atención, sanción y reparación integral.
Villacreses subrayó: “La violencia cambió y el Estado debe estar a la altura. Esta reforma es una herramienta completa para salvar vidas, proteger derechos y garantizar justicia”. Con esta propuesta, la Asamblea Nacional abre el debate hacia una normativa más robusta y actualizada que responda a la realidad de las mujeres en el país.
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