Internacional
El gobierno de Daniel Ortega ha expulsa del país al obispo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua
El gobierno de Daniel Ortega ha expulsado del país al obispo Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, según confirmaron fuentes oficiales y representantes de la Iglesia católica. Este acto se suma a la lista de expulsiones previas, siendo Herrera el tercer obispo en ser forzado a dejar Nicaragua; antes de él, los obispos Rolando Álvarez de Matagalpa y Isidoro Mora de Siuna también fueron expulsados tras pasar tiempo encarcelados y luego ser acogidos en Roma.
La razón inmediata para la expulsión de Monseñor Herrera fue su crítica pública al alcalde de Jinotega, Leonidas Centeno, un aliado cercano del régimen, quien intentó interrumpir una misa con ruido externo, un acto que Herrera calificó como un «sacrilegio», instando a los presentes a pedir perdón por tales actos. Sin embargo, esta expulsión parece ser el clímax de una persecución que se ha intensificado en los últimos años, como lo ha documentado la abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, quien ha seguido de cerca la represión contra la Iglesia católica.
Molina, exiliada en Estados Unidos, ha señalado que el obispo Herrera ha sido una figura clave en la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Durante las protestas cívicas de 2018, Herrera jugó un papel crucial en el rescate de jóvenes secuestrados, la protección de los heridos, y la recuperación de los cuerpos de los fallecidos, exponiéndose constantemente a riesgos significativos. Su cercanía con el pueblo y su activismo lo convirtieron en un objetivo del gobierno.
La situación de la Iglesia católica en Nicaragua ha empeorado, con al menos 261 de sus miembros expulsados desde abril de 2018 hasta noviembre de 2024, de acuerdo con Molina. Ella expresa particular preocupación por la persecución que ahora también incluye a menores de edad, como los monaguillos, que han sido objetivo de las fuerzas de seguridad y paramilitares del gobierno.
El régimen de Ortega justifica estas acciones alegando que los miembros de la Iglesia conspiran contra el país, diseminan noticias falsas o están involucrados en actividades de lavado de dinero. Estas acusaciones han servido como base para una serie de medidas represivas que incluyen la censura, el arresto y el destierro de los líderes religiosos, creando un clima de miedo y opresión dentro de la comunidad católica nicaragüense.
