Bogotá, 27 oct (EFE).- Una polémica se desató este jueves en Colombia luego de que el Congreso aprobara el proyecto de ley de «paz total», con el que el Gobierno tiene la puerta abierta para negociar con disidentes que firmaron el acuerdo de paz con las FARC en 2016 y se salieron del mismo como alias «Iván Márquez».
«No estoy de acuerdo que a la Segunda Marquetalia y a Iván Márquez se les trate como actores políticos en una negociación de paz. Ellos engañaron a los colombianos que creímos en el proceso», expresó el representante a la Cámara Carlos Felipe Quintero.
Uno de los artículos señala que el «Gobierno Nacional puede realizar diálogos con estructuras de crimen organizado de alto impacto, sometimiento a la justicia, grupos armados organizados al margen de la ley (Acuerdos de paz)».
«Se buscarán acuerdos de paz con grupos armados organizados al margen de la ley, y sometimiento a la Justicia y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto», reza otro de los artículos del documento aprobado el miércoles por la Cámara de Representantes, que ya había sido votado en el Senado el lunes y solo le queda la conciliación de ambas cámaras para ser aprobado.
EL CASO DE IVÁN MÁRQUEZ
El pasado 17 de octubre, la Segunda Marquetalia, uno de los dos grandes grupos de disidencias de las FARC, comandada por Luciano Marín Arango, alias «Iván Márquez», aseguró que sus miembros están preparados para «jugársela con toda por la paz completa con justicia social».
Este es uno de los grupos a los que el Gobierno busca incluir en esta política, aunque hay críticas de cierta parte de la sociedad que considera que ellos ya tuvieron su acuerdo de paz -el de 2016- y decidieron retomar las armas tres años después de haberse reincorporado.
La Segunda Marquetalia tiene apenas 650 integrantes en todo el país, por lo que actualmente tiene «poca consolidación y articulación», según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que en un reciente informe aseguró que «es la organización ilegal que más golpes ha recibido en los últimos años».
El senador Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador en los diálogos con las FARC, manifestó que abrir la posibilidad de negociar con los «desertores que estuvieron el proceso» de paz da un mensaje a los colombianos de que «el más avivato sale adelante».
«El mensaje para (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional) ELN es muy malo, es decir que vamos aceptando y después a uno le dan el repechaje, le dan la amnistía y vuelve a negociar», dijo De la Calle en un debate en el Senado esta semana.
Los disidentes, consideran por su parte, que se salieron del acuerdo porque el Gobierno, liderado entonces por Iván Duque, incumplió su parte, por lo que hubo una primera ruptura por parte del Estado de lo acordado en La Habana.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó este jueves al Gobierno y al Congreso por dar prioridad por ver «cómo negocian con el angelito de ‘Iván Márquez'», mientras que no se ha tramitado con urgencia «una ley para que el atraco tenga cárcel, para que haya justicia restaurativa con segundas oportunidades».
«¿Por qué no se preocupan por las mujeres, los jóvenes y las familias de los que atracan? (Ojalá) les causara un 1 % de preocupación con respecto a lo que les causa el futuro judicial de ‘Iván Márquez'», advirtió y dijo que el Estado se «debe a sus ciudadanos, no a los delincuentes». EFE
