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Fiscalía apunta a ocho personas ligadas al correísmo en Caso Caja Chica

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra ocho personas por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el denominado caso Caja Chica. Las autoridades indagan si dinero ilícito proveniente de Venezuela financió la campaña presidencial del correísmo en 2023. El expresidente Rafael Correa, sentenciado en 2020 por cohecho, difundió en su cuenta […]

Fiscalía apunta a ocho personas ligadas al correísmo en Caso Caja Chica
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La Fiscalía General del Estado abrió una investigación contra ocho personas por presunta delincuencia organizada y lavado de activos en el denominado caso Caja Chica. Las autoridades indagan si dinero ilícito proveniente de Venezuela financió la campaña presidencial del correísmo en 2023. El expresidente Rafael Correa, sentenciado en 2020 por cohecho, difundió en su cuenta de X la lista de los señalados, la cual él mismo encabeza.

En la nómina también aparecen los excandidatos presidenciales Andrés Arauz y Luisa González. La madrugada de este 28 de enero, agentes de la Fiscalía allanaron la vivienda de González, quien hasta hace pocos días presidía el movimiento político RC5. La lista de investigados incluye además al asambleísta Patricio Chávez, a la exsuperintendenta de Compañías Suad Manssur, a los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera, y a la abogada Bibian Hernández.

Como parte de los operativos, la Policía Nacional y la Fiscalía registraron las viviendas de varios de los involucrados para recabar evidencias. El caso tomó impulso tras las declaraciones de José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, quien denunció una red de financiamiento político operada desde Petróleos de Venezuela (PDVSA). En sus señalamientos, Neira también mencionó a Verónica Gallardo, exgerente del Banco del Estado, y a la asambleísta Paola Cabezas.

La investigación del caso Caja Chica intensifica la tensión política en el país al involucrar a las figuras más visibles del correísmo. Mientras la Fiscalía profundiza en el posible financiamiento irregular, los acusados sostienen que enfrentan una persecución política. Este proceso marca un nuevo episodio de confrontación directa entre el Gobierno y la oposición, mientras la justicia busca esclarecer el origen de los fondos electorales.

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