La excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, calificó como persecución política la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado en el denominado caso Caja Chica. El proceso apunta a presuntos ingresos de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023, acusación que González rechazó de manera enfática.
La dirigente aseguró que ni ella ni su partido han recibido aportes de la política venezolana ni de grupos delictivos. Recordó que RC fue la única organización que presentó reportes de financiamiento ante las autoridades electorales. González cuestionó además que el allanamiento a su vivienda se haya ejecutado a partir de una denuncia con reserva de nombre y que Marcela Aguiñaga, quien lideraba la organización en ese momento, no figure entre las personas indagadas.
En su intervención, González lanzó señalamientos directos contra el presidente Daniel Noboa, a quien acusó de cobarde por la crisis de seguridad y por no presentar pruebas de supuestos vínculos de RC con carteles del narcotráfico. También apuntó contra el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, a quien vinculó con casos como Triple A y Nene, sugiriendo que existe protección hacia aliados del Gobierno y persecución hacia opositores.
La excandidata reveló que insultó a los policías que allanaron su vivienda, luego de que se difundiera en redes sociales una fotografía que, según le habían asegurado, formaba parte de una investigación reservada. Concluyó responsabilizando al Gobierno y a la Fiscalía por su integridad y la de su familia.
Por su parte, el asambleísta Patricio Chávez, también allanado en el mismo operativo, respaldó las denuncias de González y calificó los procedimientos como cobardes. Denunció además que, por orden de una fiscal, los pasaportes de sus familiares fueron incautados.
El caso Caja Chica se suma a la tensión política que atraviesa el país, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición. Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones por presunta delincuencia organizada y lavado de activos, los dirigentes de RC insisten en que se trata de una estrategia de persecución política destinada a debilitar a la organización.
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