En el marco de la campaña “De la Indignación a la Acción”, la viceministra Bianca Dager y la presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador (Renarec), Juana Iza, firmaron una Carta de intención para el reciclaje inclusivo y eliminación de la violencia contra la mujer, con el fin de fortalecer y promover espacios de cohesión entre las recicladoras de base, la sociedad y el Gobierno, así como visibilizar y reconocer su participación en la cadena de valor de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, fomentar su formalización y eliminar la discriminación y violencia a la que se enfrentan. José Antonio Sánchez, director de atención, protección especial y reparación a víctimas de violencia, explotación, trata, tráfico y otros grupos de atención prioritaria de la Secretaría de Derechos Humanos, fue testigo de honor.
Mediante este compromiso se busca sensibilizar a los diferentes actores de la sociedad sobre las brechas de género en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), y mejorar la comprensión del proceso, importancia e impacto de las recicladoras de base, quienes están expuestas a una gran diversidad de peligros en su labor.
La viceministra Dager manifestó que este documento es parte del compromiso para combatir la violencia contra la mujer. “Esta es la última generación que puede erradicar esa brecha que tanto daño ha hecho al planeta. Esto por ejemplo se refleja en las recicladoras de base, que a menudo son infravaloradas e incluso discriminadas. Hay una especialidad técnica en su trabajo que no ha sido reconocida y es lo que buscamos formalizar”, señaló.
En Ecuador se generan aproximadamente 14.000 toneladas diarias de residuos sólidos. De ahí la importancia de la labor que realizan los y las recicladoras de base, como primer eslabón en la cadena de la GIRS, pues en nuestro país existen alrededor de 20.000 familias dedicadas al reciclaje, y el 70% son mujeres, de las cuales el 9 0% no accede a un seguro social y su ingreso mensual promedio es de 218 dólares.
Por su parte, Juana Iza, manifestó que existen testimonios de compañeras que han sido maltratadas y menospreciadas por el hecho de ser mujeres en su núcleo familiar y por la ciudadanía. “No entienden nuestro trabajo, por ello como red luchamos para que se dignifique la calidad de vida y las condiciones de trabajo de las recicladoras de base”, dijo.
La Ley de Economía Circular Inclusiva es el paraguas legal que permitirá realizar varias acciones para conseguir la formalización y reconocimiento de los y las recicladoras de base, entre las acciones más relevantes, se realizará un censo para identificar a todos y todas las recicladoras, identificar su situación actual y crear políticas públicas inclusivas, con enfoque de género y que también beneficien a toda la cadena de valor de la gestión integra de residuos.
