En una votación con 119 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional ha aprobado la reforma a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Esta reforma tiene como objetivo mejorar la efectividad de los servicios públicos hacia la ciudadanía, cumpliendo con el dictamen de la Corte Constitucional en relación a los derechos referentes a la identidad personal.
El texto aprobado en su totalidad fue el remitido por la Comisión de Garantías Constitucionales, a excepción del contenido del artículo 19 del proyecto, el cual se refiere a la adopción por parte de parejas y personas solteras, viudos, viudas, divorciados y divorciadas.
La legisladora Patricia Mendoza, ponente del proyecto, recordó que la comisión recogió cinco iniciativas legislativas que abarcan tres aspectos fundamentales. En primer lugar, se busca acatar la sentencia de la Corte Constitucional sobre la voluntad de cambio de dato del sexo de las personas transexuales en la cédula de identidad. En segundo lugar, se plantea la posibilidad de cambio de apellido por posesión notoria e ininterrumpida por al menos dos años consecutivos. Y por último, se busca coordinar con el Consejo Nacional Electoral para la depuración permanente del registro electoral, de acuerdo a los cambios y rectificaciones de nombres y apellidos, en concordancia con la información de la Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
La legisladora detalló que actualmente se pueden cambiar los nombres en las cédulas de identidad, y con esta reforma, también se podrán unir o rectificar los nombres. En cuanto a los apellidos, se propone que la ley contemple el cambio de apellido por posesión notoria y consecutiva, y también se podrán corregir los apellidos.
Durante el debate, la legisladora Paola Cabezas destacó que la Asamblea Nacional está debatiendo este proyecto en el marco de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También recordó la sentencia de la Corte Constitucional que estableció la regulación del procedimiento para el cambio de sexo de las personas transexuales. La ley no solo cumple con lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional, sino que también se ajusta a los mandatos constitucionales, afirmó la asambleísta Cecilia Baltazar.
Con esta reforma, se espera que los servicios públicos mejoren en eficacia y se garantice el respeto a los derechos de identidad personal de los ciudadanos. La aprobación de esta ley representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de la población y en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.
Esta discusión ha generado un intenso debate en la Asamblea Nacional, donde diferentes actores políticos han expresado sus opiniones y preocupaciones sobre este proyecto de ley.
Se espera que, a través del diálogo y el consenso, se puedan realizar las modificaciones necesarias para garantizar que la normativa sea acorde a la Constitución y beneficie a los grupos excluidos, evitando cualquier forma de maltrato, discriminación y humillación.
El tema de la adopción es uno de los derechos fundamentales que debe ser abordado con responsabilidad y sensibilidad.
Es necesario encontrar un equilibrio entre las necesidades y derechos de los grupos excluidos y el respeto a la Constitución. La decisión final que se tome en la Asamblea Nacional será crucial para el futuro de miles de personas que anhelan formar una familia y encontrar un hogar donde sean amados y protegidos.
