En una sentencia reciente, el juez Manuel Peña Estupiñán ha determinado que las Fuerzas Armadas vulneraron los derechos de los presos en las cárceles del país durante el estado de excepción. Esta decisión se dio como resultado de una acción de habeas corpus presentada por el Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles el pasado 30 de enero de 2024. Además de la violación de derechos, el magistrado también ha declarado al Estado ecuatoriano como responsable por acción y omisión en este caso.
La acción de habeas corpus fue presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, en representación de siete privados de libertad a quienes se les negó el acceso a medicinas durante su reclusión. El juez Peña Estupiñán ha determinado que esto constituye una vulneración de derechos fundamentales, ya que la salud es un derecho universal que no puede ser negado a ningún individuo, independientemente de su situación legal.
Además de la denegación de acceso a medicinas, el magistrado también ha señalado que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo acciones que atentaron contra la integridad de los presos al someterlos a maltratos que podrían ser considerados como tortura. Por lo tanto, ha solicitado que se inicie una investigación por parte de la Defensoría del Pueblo para esclarecer estos hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
En este sentido, el juez también ha expresado su preocupación por la falta de competencia del Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) para gestionar de manera adecuada los centros penitenciarios durante la intervención militar. Esta omisión por parte de las autoridades correspondientes ha dejado a los presos en una situación de desprotección, vulnerando así sus derechos humanos.
Medidas de reparación integral
Una vez determinada la violación de los derechos de los presos, el juez Peña también concedió medidas de reparación integral a su favor.
En su cuenta X, el colectivo sostuvo que aplicará «todas las vías legales» para hacer efectivo el dictamen judicial que dispone:
1. Atención médica ininterrumpida a las personas detenidas.
2. Seguimiento a su estado de salud mental.
3. La Defensoría del Pueblo deberá investigar en 45 días los actos de tortura que han existido en las cárceles del Ecuador.
4. Exhorto a las Fuerzas Armadas a respetar la Ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad.
5. El SNAI deberá otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa.
Sobre este último punto, el colectivo aclaró que «las familias no tienen por qué pagar eso».
