El presidente Daniel Noboa tomó una decisión contundente al declarar la emergencia en el sector eléctrico del país, en medio de una crisis provocada por acciones de sabotaje en plantas eléctricas. En un anuncio ante los medios, el mandatario informó sobre las medidas tomadas, incluyendo la solicitud de renuncia a la Ministra de Energía, Andrea Arrobo, y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por los actos de sabotaje.
En sus declaraciones, el presidente Noboa lamentó la situación heredada de administraciones anteriores, señalando la necesidad de resolver los problemas dejados por gobiernos pasados. Enfrentando esta nueva crisis en el sector energético, el mandatario aseguró que no tolerarán actos de sabotaje que pongan en riesgo el suministro eléctrico en el país. «Nuestra respuesta será contundente.
No permitiremos que se juegue con la estabilidad de nuestro sistema energético», afirmó el presidente Noboa. Además, denunció que los sabotajes perpetrados en ciertas zonas y plantas eléctricas se realizaron de manera premeditada, coincidiendo con un momento crucial como la semana previa a una consulta popular.
El líder del país calificó a los responsables de estos actos como «miserables» y destacó la importancia de mantener la integridad y seguridad del sistema eléctrico nacional. La decisión de declarar la emergencia y solicitar la renuncia de la Ministra de Energía refleja la determinación del gobierno de buscar soluciones urgentes y salvaguardar la estabilidad energética del país.
Con estas acciones, el presidente Noboa envía un mensaje claro de firmeza ante los desafíos que enfrenta el sector eléctrico, reafirmando su compromiso con el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. La investigación en curso por los actos de sabotaje busca identificar a los responsables y garantizar la protección de las infraestructuras vitales para el país.
Este episodio subraya la importancia de la vigilancia constante y la acción decidida para preservar la estabilidad en sectores críticos como el energético, recordando la necesidad de una gestión responsable y proactiva para enfrentar los desafíos que surjan en el camino hacia un desarrollo sostenible y seguro para todos los ecuatorianos.
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