En una polémica sesión, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha calificado la solicitud de juicio político en contra de la canciller Gabriela Sommerfeld por presunto incumplimiento de funciones. Con una votación dividida de 5 a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, se ha desencadenado un escenario de tensiones y debates en el ámbito político ecuatoriano.
La petición de juicio político fue presentada por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jhajaira Urresta, tras los acontecimientos que rodearon la incursión a la embajada de México en Quito con el objetivo de detener al exvicepresidente Jorge Glas.
Este suceso ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos hacia la gestión de la Canciller y ha elevado la temperatura en el panorama político del país. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tanto la Canciller como la asambleísta proponente serán notificadas oficialmente para que, en un plazo de 15 días, presenten sus pruebas de cargo y descargo. Este proceso promete ser crucial en el devenir político de Ecuador y podría tener repercusiones significativas en el gobierno y en la percepción pública sobre la administración actual.
Este episodio pone de manifiesto las complejidades y tensiones en el ejercicio de la función pública, donde la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades adquieren un papel protagónico. La sociedad ecuatoriana estará atenta a los acontecimientos venideros y a las decisiones que se tomen en relación a esta solicitud de juicio político.
